El parlamentario llegó este lunes al Palacio de Tribunales junto a su abogado Ramberto Valdés para apelar ante el máximo tribunal del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
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El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, apeló ante la Corte Suprema para evitar que siga adelante un caso en su contra por el presunto delito de injurias graves con publicidad.
El parlamentario llegó este lunes al Palacio de Tribunales junto a su abogado Ramberto Valdés para apelar ante el máximo tribunal del fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que acogió la solicitud de desafuero presentada en su contra por la periodista Josefa Barraza, por publicaciones del legislador en redes sociales y contenidos que compartió.
El tribunal de alzada estimó en esa oportunidad, que en los mensajes e interacciones del legislador que denunció la profesional “emanan claramente expresiones proferidas o acciones ejecutadas en deshonra, descrédito o menosprecio de la querellante”.
Este lunes, el diputado Bobadilla explicó que lo que expuso en sus redes se relaciona al vínculo de la querellante con Héctor Llaitul, según lo publicado en un reportaje de radio Biobío.
“Mi historia y mi pasado avalan que soy una persona respetuosa de la honra y el prestigio de las personas. Jamás ha estado en mi ánimo injuriar a nadie. Si estar en este proceso es el costo que debo asumir por denunciar a los terroristas que operan en la zona sur de nuestro país, estoy dispuesto a asumir ese costo”, manifestó.
Insistiendo en que no cree haber incurrido en delito alguno, el legislador indicó que tiene “plena y absoluta confianza” en que así lo entenderá el máximo tribunal.
“El voto de mayoría de la Corte de Apelaciones de Valparaíso es a nuestro juicio equivocado”, apuntó el abogado Ramberto Valdés.
El abogado defensor de Bobadilla recalcó que “una persona no puede controlar lo que más de 100.000 personas pueden publicar o no en su legítimo derecho a expresar su opinión en redes sociales o en un sitio web de una radio”.
Valdés dijo que confía en que la Corte Suprema va a establecer que los antecedentes que se acompañaron para acusar, incluyendo mensajes anónimos “que se indican como elaborados por el diputado, emanan de terceras personas ajenas a su responsabilidad”.
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