La parlamentaria enttregó una carta al Presidente Gabriel Boric y a la Contraloría General de la República.
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Tras constatar incumplimentos “graves y persistentes” por parte de Sacyr, empresa a cargo de las obras de la ruta 78, la denominada Carretera de la Fruta y del Hospital de Buin-Paine; la diputada Camila Musante entregó una carta al Presidente Gabriel Boric y a la Contraloría General de la República para exigir una fiscalización.
Esto, considerando además que la concesionaria registra en 2022 una condena en España por formar parte del llamado cartel de la obra civil.
Así lo señaló la parlamentaria del Distrito 14, quien tras entregar las misivas, recordó que Sacyr “no es cualquier empresa, es una empresa que fue condenada por la comisión del mercado financiero de España (Comisión Nacional del Mercado de Valores). Es una empresa que tiene antecedentes de corrupción”.
De acuerdo a lo fundamentado en la carta, la legisladora apunta a incumplimientos en al menos tres grandes obras que se concentran principalmente en la zona sur de la región Metropolitana.
La primera de ellas se relaciona con trabajos en la Ruta G‑60 y su conexión con la denominada Carretera de la Fruta, en la comuna de San Pedro. Ahí, afirma que “no se han construido barreras de contención de ruido frente a una escuela, afectando la calidad de vida de los niños”.
Además, señala que “las salidas alternativas no están habilitadas, obligando incluso a ambulancias a ingresar en contraflujo, poniendo en riesgo la seguridad”. Sumado a que “el cobro de TAG en Alhué afecta a la población de Alhué y Las Cabras, sin alternativas de tránsito adecuadas”.
La segunda obra en cuestión es la Ruta 78, particularmente en el kilómetro 23 y otros tramos donde la diputada constató “falta de iluminación en diversos tramos, generando riesgos para la seguridad de los usuarios”.
También, “deficiencias en las salidas alternativas, incluyendo Peñaflor y otros puntos críticos”. Junto con “incumplimientos en Padre Hurtado, donde la falta de medidas de seguridad y salidas alternativas genera riesgos significativos”.
En esta misma ruta, expone que la localidad de Pomaire “enfrenta salidas insuficientes, provocando tacos de más de una hora, lo que afecta seriamente la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes”.
Las deficiencias e incumplimientos no sólo han sido constatados en obras viales, el tercer caso apunta a los trabajos del nuevo Hospital San Luis de Buin-Paine, el cual “registra un retraso de aproximadamente 340 días, afectando la atención de aproximadamente 170.000 personas de la provincia de Maipo y la Región Metropolitana”. Sobre este mismo recinto, indica que “la infraestructura, con más de 200 camas, incluye servicios de urgencia, cirugía, pediatría, maternidad y cuidados intensivos, esenciales para garantizar la atención médica de la población”.
Considerando todo lo expuesto, la legisladora cuestionó “¿hasta cuándo el Estado seguirá contratando con empresas que tienen antecedentes de corrupción? ¿Y hasta cuándo los chilenos seguirán siendo abusados por las autopistas?”. “No es que la gente quiera todo gratis. Sino que por lo que se pague, se cumplan con las obligaciones”, sostuvo.
Por lo mismo, en la misiva solicitó el “cumplimiento inmediato y verificable de todas las obligaciones contractuales de Sacyr, incluyendo salidas alternativas, barreras de seguridad, correcta iluminación y entrega oportuna del Hospital Buin-Paine”.
Junto a lo anterior, solicitó establecer “plazos concretos y fiscalización estricta por parte del Estado para asegurar la ejecución de estas medidas”. Y en caso de incumplimiento reiterado, “se exige que el Estado inicie una revisión exhaustiva de las concesiones, con posibilidad de revocación parcial o total, evitando que la empresa continúe beneficiándose económicamente a costa de los ciudadanos”.
Por último, concluyó el escrito señalando que “no es aceptable que Sacyr mantenga garantizados 20 a 30 años más de facturación, mientras se vulneran derechos fundamentales y se expone a familias chilenas a riesgos de seguridad, salud y calidad de vida. Solicito su acción urgente y firme para resguardar el interés público y garantizar que las concesiones cumplan con lo que legalmente deben asegurar a la ciudadanía”.
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