La parlamentaria de RN expuso que "es perfectamente posible que el caso de esta ONG se convierta en un nuevo caso Convenios".
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La diputada Paula Labra (RN) ingresó un requerimiento a la Contraloría General de la República solicitando una fiscalización de los millonarios recursos transferidos a la ONG Trekan, vinculada al Frente Amplio, y advirtió que “podría tratarse de un nuevo caso Convenios”.
Tras una revisión en Mercado Público y en el Registro Central de Colaboradores del Estado, la parlamentaria detectó una serie de antecedentes preocupantes en torno a la Ong, creada en 2015 con domicilio en Limache, región de Valparaíso.
Desde 2016 la organización ha recibido cuantiosos fondos públicos, pero lo más llamativo es que el 86% de ellos -$6.688.951.755- fueron traspasados solo en este gobierno (2022-2025).
Se han adjudicado una gran cantidad y variedad de programas de diferentes temáticas, que van desde personas en situación de calle, mujeres en política, derechos sexuales y reproductivos, hasta compra de equipos informáticos.
El director y representante legal de Trekan, Jonatan Fuentealba Egnem, es hermano de Isaac Fuentealba, exasesor de Jaime Bassa en la Convención Constitucional y actualmente parte de su campaña a diputado.
Además, ha colaborado en diversas campañas del Frente Amplio, como la del propio presidente Gabriel Boric, la del candidato a las reciente Primaria oficialista, Gonzalo Winter, y de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.
En 2023, Trekan se adjudicó más de $770 millones a través de dos licitaciones del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, financiadas con recursos del Gobierno Regional de Antofagasta, misma región donde estalló el caso Convenios y donde el gobernador Ricardo Díaz fue sujeto de interés en la investigación de la arista ProCultura.
Según consta en el acta de evaluación, en dichas licitaciones otro proveedor fue desestimado por no incluir un timbre en los anexos 6 y 7.
“Dentro de las buenas prácticas establecidas por Chile Compra, requisitos como timbres podrían caer bajo lo accesorio y deberían evitarse si no están bien justificados. Llama la atención que se haya desestimado a un proveedor por algo tan mínimo”, advirtió la diputada.
Otro hecho llamativo es el que ocurrió con el programa “Plan habitabilidad 2022” de la Seremi de Desarrollo Social de Antofagasta. En diciembre de ese año la licitación fue declarada desierta al no cumplir ningún postulante con los 4 puntos, que era el puntaje mínimo de admisibilidad.
Trekan obtuvo solo 3,05. Sin embargo, en lugar de abrir un nuevo proceso licitatorio, la Seremi optó por adjudicar el programa vía trato directo a esta misma ONG.
“Estamos frente a hechos que no son menores. Hay antecedentes confusos y prácticas relativas a procesos de adjudicación que, al menos, deben ser aclaradas. Por lo mismo hemos recurrido a Contraloría para que haga un control de legalidad. Es perfectamente posible que el caso de esta ONG se convierta en un nuevo caso Convenios”, concluyó la diputada Paula Labra.
PURANOTICIA
