La norma también regula la información que puede ser solicitada a los postulantes en un proceso de selección, para evitar actos discriminatorios.
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La Cámara de Diputados aprobó -por 89 votos a favor, 27 en contra y 8 abstenciones- el proyecto que regula la publicidad y transparencia de las remuneraciones en las ofertas de trabajo.
La norma, además, prohíbe la consulta a los postulantes sobre sus pretensiones de renta y otras asignaciones que no tengan tal naturaleza.
El texto, aprobado en general el pasado 16 de enero, fue objeto de indicaciones, una de las cuales fue aprobada por la Comisión de Trabajo, según lo informado a la Sala por el diputado Alberto Undurraga (DC).
En primer término, la iniciativa -remitida al Senado- modifica el artículo 2 del Código del Trabajo. Ahí establece que en las ofertas de trabajo “se deberá identificar siempre al empleador oferente y la remuneración ofrecida para el cargo o función”.
También regula que “cuando los servicios requeridos puedan ser desempeñados por personas con diversas competencias, calificaciones, habilidades técnicas o experiencia, el empleador podrá señalar el rango de la remuneración asociado a su oferta en virtud de dichas condiciones”.
La norma, originada en sendas mociones de parlamentarios, se fundamenta en permitir que cada postulante conozca de antemano todas las condiciones del trabajo al cual postula. Además, elimina la información asimétrica e iguala las condiciones entre oferentes y demandantes. Asimismo, prohíbe la práctica de preguntar a los postulantes cuáles son sus pretensiones de renta.
La falta a estas normas tendrá aparejada como sanciones las contempladas en el artículo 506 del Código del Trabajo:
Información solicitada
La indicación aprobada añade un nuevo artículo 6 bis nuevo al citado Código. Este estipula que en los procesos de selección y contratación de trabajadores, los empleadores futuros que desarrollen dichos procesos deberán implementar el proceso considerando siempre criterios de promoción de la objetividad que impidan actos discriminatorios que anulen o alteren la igualdad de oportunidades, de acceso o de trato en el empleo y la ocupación.
En ese contexto, se regula que los empleadores no podrán requerir:
(Imagen referencial: iStock)
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