La iniciativa, aprobada por 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones en la Cámara de Diputados, se remitirá al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
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En tercer trámite, la Sala de la Cámara de Diputados se pronunció respecto del proyecto que reconoce jurídicamente a las víctimas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico militar de Chile como “Ausente por desaparición forzada”.
La iniciativa, aprobada por 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, se remitirá al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.
La calificación de persona ausente por desaparición forzada implica “el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que hayan actuado con su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la ley, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.
La iniciativa es una moción impulsada por la diputada Lorena Pizarro, junto a María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, Camila Musante, Jaime Naranjo, Emilia Nuyado, Alberto Undurraga y Ericka Ñanco.
En particular, en línea con los esfuerzos del Plan Nacional de Búsqueda, esta calificación permitiría una reparación de carácter simbólica para las familias. De esta manera, tendrán la posibilidad de obtener un certificado en el Registro Civil que indique que la persona está en el Registro de personas ausentes por desaparición forzada (PADF).
La norma crea, para ello, el citado registro, a cargo del Servicio del Registro Civil e Identificación. En este se incorporarán las personas que figuren en alguno de los siguientes instrumentos:
En la inscripción se consignará el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y edad efectiva o aproximada de la persona al momento de su desaparición. Igualmente, la fecha en que fue arrestada, detenida, secuestrada o privada de libertad de cualquier otra forma.
La Cámara aprobó esta iniciativa, en su primer trámite, en diciembre de 2024. Posteriormente, el Senado respaldó el texto, pero eliminó las facultades administrativas que se otorgaban a la Subsecretaría de Derechos Humanos para también incluir casos en el registro. La cámara ratificó este criterio y, de este modo, el texto quedó despachado a ley.
El debate en la Sala estuvo marcado por un tono tenso y por fuertes interpelaciones entre los distintos sectores políticos, con alusiones tanto al periodo electoral como al caso de Bernarda Vera, una mujer incluida en el listado de detenidos desaparecidos durante la dictadura y que habría sido ubicada en Argentina.
Durante la sesión, las intervenciones oficialistas fueron mayoritarias y criticaron el silencio de la oposición; solo intervinieron los diputados Ximena Ossandón (RN) y Jorge Guzmán (EVO), ambos en apoyo a la iniciativa.
En las intervenciones también se valoró la creación de la figura jurídica de persona ausente por desaparición forzada y se recordó que, de las 40 mil víctimas durante la dictadura, aún 1.100 permanecen en calidad de detenidas desaparecidas.
Se destacó que esta es una reparación simbólica que obliga a crear un registro y el acceso a certificados oficiales que contengan esta calificación, sin que las familias renuncien a la búsqueda de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Además, que es un gesto de humanidad para las familias que por 50 años han cargado con el dolor de no poder cerrar un duelo y a las que no se les puede pedir que declaren la muerte presunta de sus seres queridos.
Además, se enfatizó que esta calificación no modifica estados civiles ni conlleva beneficios económicos, pero sí responde a una demanda histórica que evitará la revictimización de sus familias al realizar trámites administrativos.
PURANOTICIA
