La nueva norma agiliza la ejecución de obras y permite que los proyectos definidos por decreto del Presidente de la República se desarrollen mediante procedimientos administrativos más expeditos.
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La Sala de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que exime de trámites y reduce plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. De esta forma, la iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley de la República.
La nueva norma agiliza la ejecución de obras y permite que los proyectos definidos por decreto del Presidente de la República se desarrollen mediante procedimientos administrativos más expeditos.
Con esta medida, se busca responder al déficit de centros penitenciarios, disminuir el hacinamiento, mejorar las condiciones de reinserción y reforzar la seguridad pública. Todo esto se hará reduciendo los tiempos y costos asociados a los proyectos.
Entre las principales enmiendas del Senado aprobadas por la Sala está la incorporación de una norma que indica que, si el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no emite el informe sobre un proyecto penitenciario dentro de 30 días hábiles, éste se entenderá aprobado positivamente.
En materia ambiental, se mantuvo la exención del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para obras de ampliación o reparación. Junto a esto, se redujeron a la mitad los plazos aplicables a la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.
Asimismo, se establece que los procesos de participación ciudadana solo podrán realizarse con personas o agrupaciones con un interés directo e inmediato en el proyecto. Es decir, residentes en la comuna o en comunas colindantes.
La iniciativa dispone que todos los permisos, autorizaciones y pronunciamientos sectoriales deberán resolverse en plazos reducidos a la mitad. Y que, si la autoridad no se pronuncia dentro del tiempo establecido, la solicitud de los proyectos penitenciarios se considerará aprobada.
Además, el proyecto obliga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a informar trimestralmente a las comisiones de Constitución de ambas cámaras sobre el avance y ejecución de las obras penitenciarias realizadas bajo este régimen especial.
En sus intervenciones, la mayoría de los diputados coincidió en la necesidad de aumentar los centros penitenciarios y mejorar las condiciones de infraestructura existentes. Se destacó que deberían ubicarse preferentemente en la periferia de las ciudades, con el fin de reducir el impacto urbano y facilitar su gestión.
También se destacó la importancia de despejar los trámites administrativos y ambientales para acelerar las obras. Esto, considerando la situación de sobrepoblación que enfrentan la mayoría de los recintos del país.
Al respecto, se advirtió que la sobrecarga en las cárceles del norte del país representa un desafío particular. Según plantearon, en su mayoría albergan a personas extranjeras vinculadas al crimen organizado.
También, se valoró que la iniciativa reduzca los tiempos de autorización mediante la aplicación del silencio administrativo.
Y, finalmente, se sostuvo que la ejecución de obras penitenciarias podría dinamizar la economía local y generar nuevos empleos en diversas zonas del país. De esta forma se puede aportar tanto a la seguridad pública como al desarrollo regional.
PURANOTICIA
