Diligencias incluyeron la ejecución de 78 órdenes de detención, 42 correspondientes a gendarmes que, en su mayor parte, cumplen funciones en Santiago 1 y San Joaquín.
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Un operativo en siete regiones del país efectuó la madrugada del martes 16 de diciembre la Fiscalía Regional Occidente en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), procedimiento en el que participaron más de 500 efectivos policiales.
El procedimiento, que contó con el apoyo de un equipo investigativo de Gendarmería, tuvo por objetivo desarticular una red de corrupción que operaba, principalmente, al interior de Santiago 1, con ramificaciones en otros centros penitenciarios del país.
Las diligencias incluyeron la ejecución de 78 órdenes de detención, de las cuales, 42 corresponden a gendarmes que, en su mayor parte, cumplen funciones en el penal Santiago 1 y en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín.
El resto de las órdenes corresponden a personas particulares (varias de ellas extranjeras) que manejaban –en coordinación con los gendarmes– un negocio ilícito de ingreso y venta de elementos prohibidos al interior de los recintos penales.
Si bien la mayor parte de las detenciones se efectuaron en la región Metropolitana, el operativo también incluyó actuaciones en las regiones de O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Ñuble y Los Ríos.
La investigación en esta causa se inició en mayo de 2025 y se da en el marco del denominado Foco Penitenciario, que la Fiscalía encabeza en la región Metropolitana desde 2024.
La indagación, dirigida por el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, en conjunto con un equipo conformado especialmente para investigar estos hechos que integran dos fiscales adjuntos, un abogado asesor y dos analistas, logró acreditar la existencia de diversas agrupaciones criminales vinculadas a delitos de corrupción y crimen organizado cometidos al interior de recintos penitenciarios de la región Metropolitana. Los hechos investigados abarcan el período 2022-2025.
Así se logró establecer que en el CDP Santiago Uno y en el CPF Santiago, en San Joaquín, operan grupos criminales que se valen del soborno y del cohecho de funcionarios públicos (gendarmes) con el propósito de ingresar elementos prohibidos o ilícitos.
Junto con ello, se pudo establecer el acceso irregular de personas ajenas al establecimiento, simulando ser visitas debidamente enroladas, todo ello al margen de los requisitos reglamentarios y legales aplicables
La investigación pudo detectar que en las afueras de dichos recintos penitenciarios operan al menos siete agrupaciones criminales, conocidas como «Manillas», y a cuyos integrantes se les denomina «Manilleros», varias de ellas conformadas por ciudadanos extranjeros.
Dichas bandas de manilleros, coludidos con gendarmes, envían diversas especies al interior de los establecimientos, para lo cual pagan a los funcionarios, mediante la entrega de recursos directos o de especies, o a través de transferencias de dinero. Las cifras varían dependiendo del tipo de elemento prohibido que se ingresa y van desde los $10.000 a los $400.000.
Los gendarmes que participan de estas agrupaciones, en tanto, utilizan esos dineros para sí o para terceros, ocultando el origen ilícito de dichos recursos mediante la compra de vehículos e inmuebles. Junto con ello, utilizan a testaferros (parejas o familiares), para ocultar el origen de los dineros.
El operativo concluyó con la detención de 66 personas, de los cuales 44 son funcionarios de Gendarmería. Junto con ello, se incautaron 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, armas y drogas.
PURANOTICIA
