Esta cantidad, dijo el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales de Chile, Carlos Marambio, "es muy, muy alta, porque corresponde a más de un 30% del presupuesto del Serviu".
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El director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales de Chile, Carlos Marambio, desmintió las cifras de deuda entregadas por el ministro Carlos Montes y aseguró que el déficit presupuestario es mucho mayor.
En entrevista con radio Cooperativa dirigente contrastó las cifras entregadas por el jefe de la cartera de Vivienda -de 130 millones de dólares de deuda- con los datos de su gremio:
"Nosotros hablamos de un déficit en la región Metropolitana que corresponde al año completo de $312.000 millones (unos 325 millones de dólares) y solo enmarcado en la región Metropolitana”, aseguró.
"Eso significa que no es necesariamente deuda, sino que es lo que el Serviu requiere como presupuesto del año 2025 para poder pagar todos los compromisos que corresponden al Plan de Emergencia Habitacional", agregó.
Esta cantidad, dijo Marambio, "es muy, muy alta, porque corresponde a más de un 30% del presupuesto del Serviu, que es la región que más moviliza viviendas y que tiene mayor déficit habitacional en el país".
Enfatizó que la alerta busca presionar al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto, algo que, según él, ya está ocurriendo. "Vemos que ha habido acciones que han avanzado en torno a resolverlo", afirmó.
Según el director, estas acciones incluyen gestiones para resolver "los pagos de terreno, los pagos de escritura de familias que compraron su vivienda de manera particular con un subsidio y el Serviu les dijo que no había plata, o los anticipos de obra que también desde el mes de abril o mayo se restringieron".
Consultado sobre si desde el Ministerio de Vivienda se está "chuteando" los pagos, Marambio indicó que, “en lugar de eso, se ha optado por otra fórmula: el Serviu, al no tener los dineros, firma un convenio de ‘confirming’ con Banco Estado. Esto significa que el banco adelanta los recursos a las constructoras, con el compromiso del Serviu de pagar la deuda con cargo a la Ley de Presupuesto 2026”.
Si bien esta vía permite adelantar liquidez, implica que el déficit financiero se traslada al próximo periodo presupuestario, en lugar de ser cubierto en el año en que se ejecuta la obra.
"Las obras que se ejecutan en un periodo de Gobierno debieran pagarse con una ley que dice que no más allá de 30 días desde que se factura. El tema de que se produzcan arrastres en obras en ejecución está bien, pero las obras que se ejecutan en un año determinado deben pagarse en ese año determinado”, aseguró.
Y complementó que “ese es el arrastre que nos preocupa que ocurra, porque la Ley de Presupuestos estaba pensada para pagar las ejecuciones y los compromisos del año y no pasarlos al año siguiente".
El líder de la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales señaló que "venimos de una crisis inmobiliaria mucho más larga, de casi cinco años -debe ser una de las crisis más largas de la historia-, y, por lo tanto, estamos en un escenario de debilidad".
"No estamos en un escenario de fortaleza donde las empresas están sólidas, tienen sus cajas estables. Venimos con serias bajas en las ventas, en el volumen de desarrollo proyectos, baja de permisos de edificación, alza de costos. Por lo mismo, vemos que esta situación puede desencadenar reorganizaciones financieras, quiebras, detenciones, si es que no se resuelve a la brevedad", finalizó.
PURANOTICIA
