Tres exfuncionarios de Datos Protegidos, presidida por Patria Peña, solicitaron una fiscalización y auditoría a la fundación por presuntas "irregularidades" en relación a los gastos "no aprobados e injustificados".
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Exfuncionarios de la Fundación Datos Protegidos, presidida por uno de los nueve miembros de la Comisión Asesora contra la Desinformación, Patria Peña, presentaron una denuncia ante la Unidad de Fiscalización de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por presuntas “irregularidades” en relación a los gastos “no aprobados e injustificados”.
En concreto, en mayo de 2022, tres exfuncionarios, dos de ellos exdirectores, solicitaron una fiscalización y auditoría a la fundación fundada en 2015 por la abogada Jessica Matus Arenas, según lo consignado por Radio Bío-Bío.
Los denunciantes acusaron a Matus de negarse de “de manera persistente a dar cuenta de su administración y en especial de los gastos no aprobados e injustificados, así como de las sumas utilizadas para saldar dichos gastos”.
El documento al tuvo acceso el medio citado, indica que “en junio de 2022 Jessica Matus Arenas solicitó al directorio de la Fundación someter a aprobación el balance de cuentas del año 2020. Luego de la revisión del balance, Valentina Camilla Araya, entonces periodista y empleada de la Fundación, dio a conocer al directorio que su remuneración había sido reducida en marzo del año anterior en más de un 16% por decisión unilateral de Jessica Matus Arenas y sin previo aviso”.
En esta línea, se explica que el recorte salarial de debió “supuestamente” al “cambio en la modalidad de trabajo (a teletrabajo) debido a la situación de pandemia por Covid-19 y debido a que la Fundación no tendría los recursos para continuar pagando dicho monto”. Sin embargo, el trabajo de la periodista Valentina Camilla “no disminuyó, sino por el contrario era la principal trabajadora de la Fundación”.
Al darse cuenta de la “realidad financiera de la Fundación no se ajustaba a los motivos por los que se le bajó el sueldo”, Valentina Camilla renunció a la fundación. Los tres exfuncionarios indicaron en la solicitud que “los ingresos de la Fundación no se vieron afectados de ninguna manera por la situación de pandemia, por lo que -en opinión de algunos de sus directores- la decisión unilateral de Jessica Matus de reducir la remuneración de Valentina Camilla no encontraba justificación”.
Luego de la renuncia y “tras constatar en el balance del año 2020 la existencia de diversos gastos que no habían sido acordados por el directorio y además resultaban injustificados (dada la modalidad de trabajo telemática), en una sesión de directorio realizada vía telemática de fecha 30 de julio de 2021 se acordó solicitar la exhibición de las cartolas bancarias y flujos bancarios desde el mes de agosto de 2019 en adelante de la Fundación”.
“Cada una de las solicitudes en la que se requirió transparencia en la administración de los recursos de la Fundación, e insistiendo en la exhibición de las cartolas fueron denegadas o simplemente ignoradas”, se detalló.
Dentro de los gastos “injustificados” en el balance del 2020 se encuentra el “arriendo de la oficina”, de acuerdo a los denunciantes es “injustificado toda vez que la modalidad de trabajo pasó a ser 100% online para todos los miembros de la Fundación”.
En ese sentido, manifestaron que “las dependencias que se utilizaban como oficina correspondía al departamento particular donde habitaba la señora Jessica Matus, el que además fue arrendado al poco tiempo de iniciarse la pandemia”.
“Mientras el departamento de propiedad de Jessica Matus servía de oficina, uno de sus espacios fue subarrendado a una tercera persona sin que los ingresos generados por dicho arriendo fueran considerados como ingresos de la Fundación”, sostuvieron.
Además, hubo otras series de gastos que llamaron la atención de los exfuncionarios como el pago de telefonía e internet, gastos comunes, servicios dirección ejecutiva y servicios de aseo del inmueble.
Para los exmiembros de Datos Protegidos, los gastos “se encontraban injustificados e iban en directo beneficio personal de la señora Matus, jamás se dio cuenta al directorio de los comprobantes de los mismos, ni tampoco de los estados financieros de la Fundación, con sus justificantes ni comprobantes que pudieran confirmar la razonabilidad de los montos mencionados”. Dicha situación, continuaron, derivó “en nuestra negativa a aprobar el balance correspondiente al año 2020, en nuestra calidad de directores de la organización”.
Debido a esta situación, los exfuncionarios “exigieron en diversas ocasiones tanto a su presidenta Patricia Peña Miranda, como a la tesorera -y fundadora- señora Jessica Matus Arenas aclarar los gastos no aprobados en el balance por el directorio, provocando un un ambiente hostil para con los directores que exigían mayor transparencia, lo que se tradujo en bloqueo de información, cierre de acceso a las cuentas de redes sociales de la organización no pudiendo efectuar el trabajo que se les había encomendado en su calidad de directores”.
Luego de diversas solicitudes, la “señora Matus optó por no renovar su membresía en el directorio, forzando así la salida de ambos. Para poder realizar lo anterior, Jessica Matus Arenas y Patricia Peña Miranda, no dieron cumplimiento al artículo décimo de los estatutos, de modo que sin citación de directorio se designó nuevo directorio y no se renovó al directorio que conforme al artículo séptimo se encontraba aún vigente al ser renovado tácitamente”.
Al respecto de la denuncia, Patricia Peña afirmó que “la fundación ha entregado todos los antecedentes solicitados por el ministerio de acuerdo a como estaba establecido en su solicitud, eso tiene que ver con estados contables, con informes de auditoría externa, y que estamos a la espera, ojalá prontamente de una respuesta”.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, comentaron que “el procedimiento se inició el día 24 de mayo de 2022, en virtud de una presentación de fecha 23 de mayo de ese mismo año (…) respecto de eventuales irregularidades en la administración del patrimonio y dinero de esa entidad y negativa de la directiva en rendir los gastos incurridos por esa Fundación”.
“El mencionado procedimiento se encuentra en ejecución, específicamente, en su etapa final a efectos de evaluar la dictación de instrucciones o cierre del procedimiento. Se encuentra pendiente un informe financiero-contable, que debiese ser evacuado en el transcurso de la próxima semana”, añadieron.
En tanto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Información, manifestaron que “no nos corresponde inmiscuirnos en investigaciones de carácter reservado y que se encuentran en curso” y agregaron que “cada comisionado y comisionada fue elegido y elegida para incorporarse a una comisión eminentemente científica, por las credenciales académicas y profesionales que ostentan, y para debatir e informar sobre una materia bien concreta, como es el fenómeno de la desinformación en plataformas digitales”.
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