La Defensora Regional de la Defensoría Penal Pública (DPP) Metropolitana Norte, Daniela Báez, manifestó que "vemos con preocupación, que se hayan vertido tan graves acusaciones que afectan el ejercicio legal de la defensa y la ética profesional que caracteriza a todos nuestros defensores penales públicos".
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La Defensora Regional de la Defensoría Penal Pública (DPP) Metropolitana Norte, Daniela Báez, comentó los antecedentes conocidos recientemente sobre la denuncia que mantiene a Víctor Providel bajo sumario y salió en defensa del abogado.
La tarde de este viernes, entregó una declaración pública en la que, además de respaldar al defensor de Manuel Monsalve, dejan claro que solo puede ser removido por “infracción de estándares” o a petición del imputado.
María Elena Santibáñez, abogada de la presunta victima del exsubsecretario del Interior aseguró en una entrevista radial que Providel “aparece vinculado” a otra investigación respecto a amenazas, lesiones y grabaciones de la esfera íntima de la mujer que denunció a la exautoridad que fueron captadas sin su consentimiento y ofrecidas a medios de comunicación.
Al respecto, Báez mencionó que "queremos señalar que de acuerdo a los antecedentes con que nosotros contamos y que fueron expuestos directamente por el fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, y a mí en mi calidad de Defensora Regional Metropolitana Norte, y que entendemos son los mismos con lo que cuenta la abogada querellante, doña María Elena Santibáñez, estos no se condicen lo con lo que ella ha aseverado".
"Nosotros vemos con preocupación, que se hayan vertido tan graves acusaciones que afectan el ejercicio legal de la defensa y la ética profesional que caracteriza a todos nuestros defensores penales públicos", aseguró.
En esa línea, afirmó que "queremos ser enfáticos que el cambio de un defensor penal público solo se produce por infracción a los estándares de defensa o por requerimiento del imputado, de nadie más".
"También queremos reiterar nuestro compromiso institucional con la prestación de la defensa penal pública en nuestro país, sin distinción a todos aquellos que enfrentan un proceso judicial y que carecen de abogado confianza, siempre con respeto a los derechos fundamentales de todas las personas", cerró la defensora.
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