El organismo liderado por Anuar Quesille llamó al Ejecutivo y al Congreso Nacional a reconsiderar la medida propuesta.
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La Defensoría de la Niñez, que dirige el abogado Anuar Quesille, advirtió en un comunicado su preocupación por la propuesta legislativa que perfecciona el procedimiento de expulsión.
Según ese organismo, "el proyecto del Ejecutivo que faculta a las autoridades migratoria y contralora para requerir a todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado todos los antecedentes personales que éstas requieran, conlleva riesgos para el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes".
La Defensoría de la Niñez reconoce que el Estado puede diseñar e implementar una política migratoria, pero añade que ella "debe ejercerse siempre en consonancia con los derechos humanos y considerando especialmente las consecuencias directas e indirectas que las medidas puedan producir en niños, niñas, adolescentes y sus familias".
El texto admite que la medida migratoria no está dirigida a niños, niñas y adolescentes, pero advierte que "su aplicación puede generar afectaciones graves si impacta a sus familias".
"La separación familiar, el temor a acudir a servicios públicos, la pérdida de redes de apoyo o las barreras para acceder de manera oportuna a salud, educación y protección pueden generar escenarios de grave desprotección", reseña la Defensoría de la Niñez.
Y se indica que hospitales, consultorios, jardines infantiles, escuelas y otros espacios esenciales para el desarrollo de la niñez pueden ser percibidos como lugares de fiscalización migratoria, lo que haría que los menores dejen de asistir a clases o a controles sanitarios.
"La exclusión de la niñez en el goce y ejercicio de derechos sociales, como salud y educación, puede propiciar un contacto temprano con la comisión de delitos, incluido el reclutamiento por parte del crimen organizado", explica el comunicado.
Por eso, la Defensoría de la Niñez llamó al Ejecutivo y al Congreso Nacional a reconsiderar la medida propuesta.
Y además ofició a la Comisión de Gobierno del Senado para dar cuenta no sólo del riesgo que una medida como la propuesta puede significar, sino que también para tener en cuenta normas legales y estándares aplicables a la materia para no vulnerar a niños, niñas y adolescentes.
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