El ministro Fernando Barros fue enfático en señalar que “el orden público no es propio de las Fuerzas Armadas. La preparación, la cultura, cómo enfrentan un conflicto, es una perspectiva de guerra”.
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Tras una prolongada permanencia de las unidades militares en la región de La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, el Ministerio de Defensa planteó la necesidad de reducir la operatividad de las tropas en la zona.
El secretario de Estado, Fernando Barros, analizó el impacto del estado de excepción constitucional que rige en la zona desde mayo de 2022.
El ministro de Defensa, Fernando Barros, se refirió al prolongado despliegue de las Fuerzas Armadas en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, bajo el estado de excepción constitucional vigente desde mayo de 2022.
En conversación con radio Duna, el titular de la cartera detalló que el contingente ya acumula 1.440 días de despliegue ininterrumpido. Esta situación, según explicó, conlleva una logística compleja de “largos turnos, supone desplazamiento, equipamiento, instalación de bases (...) Claramente hay una esperanza de ir disminuyendo la presencia de las Fuerzas Armadas, liberándolas de eso”, manifestó la autoridad.
Barros puso el foco en las consecuencias que tiene para el personal militar el cumplimiento de tareas de seguridad interior durante cuatro años, lo que afectaría su instrucción técnica en defensa nacional. Al respecto, fue enfático en señalar que “el orden público no es propio de las Fuerzas Armadas. La preparación, la cultura, cómo enfrentan un conflicto, es una perspectiva de guerra”.
El análisis del ministro apunta a la consolidación de un fenómeno de violencia que se sitúa entre la delincuencia habitual y un conflicto bélico, marcado por el narcoterrorismo. Este nuevo escenario incluye “un nivel de armamento muy fuerte” y “prácticas de sicarios, descuartizamiento”.
Ante esta realidad, sostuvo que “cuando involucramos a las Fuerzas Armadas, combatir a eso que tiene una carga, es ingenuo pensar que con las reglas del orden público van a poder abordarlo”.
Para ejemplificar las dificultades operativas, el secretario de Estado recordó el caso de un uniformado procesado judicialmente: “Un soldado que está cuidando en toque de queda y ve que le tiran un auto encima y no respeta la barrera, su reacción natural es disparar. Bueno, hoy día está preso por eso”. A su juicio, dicha respuesta es coherente en un entorno de combate, pero colisiona con las normas de seguridad ciudadana.
Finalmente, el ministro insistió en que es imperativo actualizar el marco normativo para estas misiones especiales. “Hay que establecer claramente cuál es el protocolo y qué autorización tiene la Fuerza Armada para el uso de la fuerza cuando les encomendamos algo que no es orden público”, concluyó, subrayando la importancia de otorgar certezas jurídicas a los efectivos desplegados.
PURANOTICIA
