Los requerimientos del Partido Republicano y Chile Vamos buscan que la legisladora por la Circunscripción 6 cese su cargo.
visitas
La defensa de la senadora Isabel Allende presentó su respuesta ante el Tribunal Constitucional tras los requerimientos presentados en su contra por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en Providencia.
Los requerimientos del Partido Republicano y Chile Vamos buscan que la legisladora por la Circunscripción 6 cese su cargo.
Parlamentarios acusan a la senadora Allende de incumplir con la Constitución al hacer negocios con el Estado, aunque finalmente, el Gobierno desistió de la compra.
En un documento de 47 páginas, el abogado Gabriel Osorio, señaló que los argumentos planteados contra su defendida son erróneos y solicitó que se efectúe el “completo rechazo” a los requerimientos.
En el documento se indica que “el inicio del procedimiento administrativo de compra y adquisición de casas presidenciales se dio en el marco de las obligaciones jurídicas del Estado de Chile sobre preservación de la memoria histórica, que tienen su origen tanto en el Derecho Internacional como en el Derecho Público chileno (…) no tiene un interés privado, sino un interés eminentemente público”.
Además, se cita la Ley de Presupuesto 2024 en la que se consideran recursos para la compra de casas presidenciales.
“La partida presupuestaria del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la cual fue debidamente aprobada tanto en general como en particular por el Congreso Nacional, estableció expresamente la adquisición de dichas viviendas (…) no es una “compraventa” aparecida de la nada. Es un procedimiento de adquisición que tiene fuentes legales, y cumple las obligaciones que fija el Ordenamiento Jurídico”, añade.
La defensa de la parlamentaria del Partido Socialista indica que “tal como la doctrina y la jurisprudencia nacional reconocen, a diferencia de lo que sucede en el derecho civil, en el derecho público la contratación requiere de una serie de actos administrativos, tanto previos como posteriores, para su debida perfección y plena producción de efectos jurídicos”.
“El Decreto Aprobatorio del procedimiento administrativo de compra y adquisición del bien inmueble de Guardia Vieja N° 392 por parte del Fisco de Chile-Ministerio de Bienes Nacionales, no se dictó, por lo que el contrato no nace a la vida del derecho en la forma que establece el derecho público chileno”, indica el documento.
Finalmente se destaca que “solo una vez que se dictara el Decreto Aprobatorio (que no se dictó), el procedimiento administrativo de compra y adquisición del bien inmueble en cuestión por parte del Estado se perfeccionaría, pudiendo recién en ese instante producir el mismo todos sus efectos”.
PURANOTICIA
