Juan Ignacio Piña explicó que la acusación constitucional “tiene un cierto contenido instrumental que es relativamente visible y, en cierto sentido, es confeso. El timing de los impulsores de la acción tiene que ver con la contingencia electoral”.
visitas
El abogado defensor de la ministra Carolina Tohá, Juan Ignacio Piña, afirmó que la acusación constitucional que formuló en su contra el Partido Republicano "trivializa" la situación de seguridad en Chile.
En entrevista con Radio Cooperativa, la defensa de la secretaria de Estado explicó que “la situación en temas de seguridad en el país no es algo que se pueda trivializar, sino, por el contrario, es algo de lo que hay que hacerse cargo. En eso está la ministra y todavía hay mucho espacio para seguir avanzando”.
Juan Ignacio Piña indicó que el libelo tiene “un cierto contenido instrumental que es relativamente visible y, en cierto sentido, es confeso. El timing de los impulsores de la acción tiene que ver con la contingencia electoral”.
“Adicionalmente, también la propia acusación dice que esto lo que quiere hacer es que el Presidente cambie a la ministra, y una acusación constitucional no es la vía para conseguir esos fines políticos, menos cuando es capaz de imponer una sanción como una inhabilitación”, criticó el profesional.
“Es muy probable que invoquemos la ‘cuestión previa’ por la existencia de imputaciones genéricas que más bien describen hechos o situaciones del país y que no se adentran en la responsabilidad de la ministra, en las contribuciones de la ministra, en sus infracciones, y no lo hacen por una razón muy simple: básicamente porque no están”, agregó Piña.
“No hay infracciones de esa naturaleza, sino, por el contrario, hay un trabajo muy consistente en el que hay muchos espacios de mejora todavía, y en eso hay que ser muy sensible y muy cuidadoso”, sostuvo.
La defensa de la ministra comentó que la destitución y la inhabilitación por cinco años que pretende la acusación presentada por el Partido Republicano constituyen “una sanción particularmente gravosa y, por lo mismo, se restringe no solamente a infracciones graves, sino que adicionalmente a infracciones concretas y específicas”.
“No se trata de imputaciones genéricas respecto de los resultados y la situación en que se encuentra el país en seguridad, sino es necesario acreditar la existencia de esas infracciones, las leyes que se han inejecutado”, afirmó Juan Ignacio Piña.
“La gran discusión tiene que ver, más bien, con si existen esas infracciones a la Constitución, a las leyes, y si efectivamente se han inejecutado leyes de un modo que sea análogo a la comisión de un delito, y eso es algo que es evidente que no ha pasado”, insistió.
“Cuanto pese la argumentación jurídica en el debate de la acusación tiene que ver con la seriedad con que se haga política... No nos vamos a hacer trampa en el solitario”, ironizó el abogado defensor.
La acusación constitucional fue presentada el 30 de septiembre por la bancada de diputados del Partido Republicano.
Su principal argumento es la responsabilidad que la ministra tendría en la crisis de seguridad que atraviesa el país y que, de prosperar, implicaría la destitución o inhabilitación de Tohá para ejercer cargos públicos durante cinco años.
PURANOTICIA
