El tribunal decretó la medida cautelar más grave pese a que, según la defensa, se había pactado solicitar arresto domiciliario. El equipo legal anuncia acciones y refuerza críticas por el uso de pruebas.
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Luego de que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva para el exfiscal Manuel Guerra, su defensa anunció que estudiará las acciones a seguir y acusó que la fiscalía no respetó el acuerdo de pedir arresto domiciliario.
El abogado Carlos Mora, vocero del equipo de penalistas, explicó que “tenemos plazo de cinco días para ver qué acción recursiva vamos a oponer, pero la verdad es que ustedes tienen que entender que nos afecta”.
El defensor adelantó que insistirán en la ilegalidad del acceso a los mensajes entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, obtenidos desde un celular incautado en el caso Audio.
“Con respecto a la ilegalidad de la obtención de los mensajes, hay distintas oportunidades en el proceso para discutirlo. Esta era una oportunidad y también se puede discutir en la audiencia de preparación de juicio oral, como lo señala la ley. Por supuesto que vamos a insistir”, afirmó Mora.
El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, lo formalizó por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. Guerra es el primer exfiscal regional que queda en prisión preventiva.
Como fiscal regional Oriente, Guerra llevó el caso Penta, el más grave de financiamiento ilegal de la política chilena.
Mora también destacó la disposición de su representado: “Llegó caminando a la audiencia” y “colaboró durante toda la investigación”.
Sin embargo, cuestionó el proceso: “No estamos conformes. También ustedes tienen que entender que la defensa con el Ministerio Público tenía un acuerdo, que fue imputado. Y eso ensució todo el trayecto, digamos, de esta audiencia”.
La Fiscalía de Arica había solicitado inicialmente arresto domiciliario total, en el marco de una negociación con la defensa, pero el acuerdo fue descartado tras la declaración judicial del imputado. El tribunal fijó un plazo de investigación de 45 días.
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