El abogado Ramón Sepúlveda cuestionó también que el Ministerio Público lleve adelante investigaciones “sin peritaje, sin antecedentes plausibles".
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La defensa de Daniel Jadue apuntó a la falta de fundamentación de parte del Ministerio Público en la causa por su rol de representante legal de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
El alcalde de Recoleta enfrenta cargos por hechos de corrupción, los que según la fiscalía, tuvieron una motivación político-electoral. Este viernes la audiencia de formalización de cargos estuvo destinada a la presentación de descargos por parte de la defensa, que pretende echar por tierra las acusaciones de estafa, cohecho, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.
Su abogado, Ramón Sepúlveda, ya había adelantado parte de su estrategia este jueves, cuando cuestionó la investigación de la fiscal especializada en delitos económicos, Giovanna Herrera y aseguró que no existía un delito de estafa, además de apuntar a que no existiría un delito de administración desleal de Achifarp como sostiene la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
“La gente que sigue esta audiencia en vivo, cree que acá hubo perjuicio patrimonial y eso no es real, la imputación se hace en base a un prejuicio porque la fiscal creía que esta organización tenía una deuda acumulada”, dijo el abogado de Jadue durante su participación en la audiencia.
El profesional agregó que la fiscal Herrera “tiene el prejuicio de que Recoleta no puede ayudar a sus vecinos porque el resto de los alcaldes no podrían hacerlo”.
“La Fiscalía tiene un prejuicio y ese prejuicio es que las municipalidades no le pueden comprar a Achifarp”, dijo Sepúlveda, agregando que “no hemos escuchado fundamento técnico que efectivamente diga que no había dependencia tecnológica en esa compra”, refiriéndose a la adquisición de glucómetros en Cuba.
La Fiscalía estima que esa compra no procedía porque el Ministerio de Salud está en condiciones de entregar esos aparatos destinados a medir la cantidad de azúcar en la sangre, a lo que la defensa de Jadue respondió que sí había una necesidad de comprar glucómetros ya que la municipalidad de Recoleta sólo recibía 64 dispositivos desde el Minsal y que la única entidad disponible para compra en esa fecha era Achifarp.
“La Fiscalía ha dicho que los glucómetros estaban vencidos, ha dicho en una frase muy grave que el municipio va a tener que botar $60 millones en glucómetros porque no se entregaron”, afirmó el abogado del alcalde Jadue, pero contrargumentó que “hay un informe técnico que dice que los glucómetros no vencen, lo que vence son las tiras radiactivas (…) por lo tanto no hay perjuicio fiscal”.
“¿Entonces dónde está el perjuicio fiscal si los glucómetros que son los más caros no están vencidos?”, se preguntó el abogado Sepúlveda, quien cuestionó también que la Fiscalía lleve adelante investigaciones “sin peritaje, sin antecedentes plausibles, nos encontramos con casos como el de Fuente-Alba, donde el Fiscal Nacional (Ángel Valencia) termina señalando que fue un fracaso para el Ministerio Público”.
En esa línea sostuvo que “ese fracaso se da porque la persecución penal tiene que ser objetiva por parte del Ministerio (Público). Y la objetividad no dice solo relación con perseguir al ex director de la PDI, a Cathy Barriga o al alcalde Jadue”.
En cuanto a las medidas cautelares, la jueza adelantó que se pronunciará el lunes al respecto, algo que para la fiscalía debiera ser la más gravosa que contempla el ordenamiento jurídico nacional: la prisión preventiva.
Sobre esto, la defensa de Jadue solicitó tomar en cuenta que no solo la gravedad de los delitos involucrados en la investigación debiera ser suficientes para determinar la privación de libertad.
“No existe una necesidad de cautela que permita efectivamente justificar una medida cautelar como la prisión preventiva”, dijo el abogado, que agregó que “no se puede basar la necesidad de cautela solo en el número de delitos ni en la gravedad de los mismos conforme a la pena que arriesga”.
En ese sentido se mostró abierto a una cautelar de firma y arraigo, porque “la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada, tiene que ser una medida absolutamente justificada”, más si en los tres años que lleva la causa su cliente ha colaborado “absolutamente en todos los actos”.
“Los únicos que están con la champaña esperando lo que ocurra son los dueños de las cadenas de farmacias, son los dueños de las cadenas de ópticas, que están esperando para celebrar que quien irrumpió su mercado y cambió la vida de muchos chilenos quede en prisión preventiva”, subrayó.
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