El excomandante en Jefe del Ejército está siendo requerido por la Justicia por su presunta implicancia en dos aristas del denominado "Milicogate" sobre fraude en el Ejército.
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Tal como había sido advertido la semana pasada, la defensa del general (r) Ricardo Martínez acudió a la Corte Suprema para asegurar la presencia de un abogado en el interrogatorio que la ministra Romy Rutherford deberá realizar en el domicilio del uniformado en Lo Curro.
El general en retiro está siendo requerido por la Justicia por su presunta implicancia en dos aristas del denominado "Milicogate" sobre fraude en el Ejército.
Recordemos que el pasado 11 de marzo, la Corte Marcial aceptó que la declaración sea tomada en el hogar de Martínez y no en la oficina de Rutherford. Sin embargo, desestimó impedir una eventual detención por no presentarse a declarar el jueves pasado, cuando el militar estaba citado, y también rechazó el requerimiento para que un abogado pueda asistir a la diligencia.
En ese contexto, el abogado Juan Carlos Manríquez presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal en contra del fallo. Dado a conocer por La Tercera, el texto legal señala que el excomandante en jefe del Ejército "ve amenazada concretamente su libertad en caso de que su declaración sea tomada sin la presencia e intervención de abogado defensor”.
“A juicio de esta defensa, dicho riesgo procesales patente y existe aún, toda vez que el citado deberá enfrentar un contexto y un interrogatorio en específico desconocido, sin contar al menos con los tópicos a que deberá referirse, debidamente conocidos con anterioridad en un plazo razonable”, añade.
Además, acusa que la apelación será “sin estar entrenado para saber si está ante preguntas ilegales, sugestivas, cerradas, impertinentes, o reiteradas, que por ello se pueden volver engañosas al tratar de obtener otras respuestas, o que no digan relación temporal o materialmente con la competencia y objeto de la indagación y su marco cronológico, siempre redundará en perjuicio del declarante y afectará y amenazará su libertad como garantía del artículo”.
Asimismo, apunta a que los procedimientos de la jueza Rutherford se basan en declaraciones de otros inculpados que no declararon junto a sus abogados. “De eso mismos dichos sin control es altamente probable que se derive una detención como consecuencia de dictarse un auto de procesamiento”, indica el documento.
PURANOTICIA
