Aunque el Ministerio Público pidió prisión preventiva y el tribunal reconoció la participación de los imputados, se optó por medidas menos gravosas debido a sus antecedentes favorables.
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La formalización de dos carabineros por apremio ilegítimo calificado, vinculada a la muerte de dos hinchas de Colo-Colo en el Estadio Monumental el 10 de abril, concluyó con arresto domiciliario total y arraigo nacional para ambos uniformados.
Aunque el Ministerio Público pidió prisión preventiva y el tribunal reconoció la participación de los imputados, se optó por medidas menos gravosas debido a sus antecedentes favorables.
La Fiscalía Oriente precisó que “se acreditó el delito imputado y la participación de ambos carabineros en los hechos ocurridos antes del partido de Colo-Colo contra Fortaleza por Copa Libertadores”.
Sin embargo, el tribunal valoró que los funcionarios colaboraron en la investigación: se presentaron voluntariamente a la reconstrucción de escena, declararon ante la Fiscalía y asistieron a la audiencia, además de contar con “irreprochable conducta anterior”.
La consecuencia de esa decisión fue especialmente dolorosa para las familias de Mylan Liempi (12) y Martina Riquelme (18), quienes murieron tras ser atropellados por un carro lanzagases de Carabineros, luego de que cediera una valla papal que los aplastó.
El accidente ocurrió en medio de una “avalancha” de hinchas que intentó ingresar sin entrada al recinto, previo al inicio del partido ante Fortaleza de Brasil por la Copa Libertadores.
En la audiencia realizada en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago, las familias, “visiblemente conmovidas y consternadas”, expresaron su esperanza de que se haga justicia. La familia de Mylan desplegó lienzos en el acceso al tribunal, mientras el presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, afirmó que esperan que el caso “marque un precedente para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan”.
El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días y decretó las medidas cautelares ya mencionadas. El club puso a disposición abogados y profesionales voluntarios para apoyar a las familias.
La abogada querellante de la familia de Martina Riquelme, Mariana Rojas, sostuvo que hubo “un incumplimiento de los protocolos por parte de los funcionarios formalizados, lo que derivó en una vulneración de los derechos humanos de ambas víctimas”.
PURANOTICIA
