Ocho episodios en un año reabren el debate sobre negligencias “inexcusables” y la urgencia de modernizar la institución.
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Una nueva seguidilla de liberaciones indebidas de internos volvió a instalar en el centro de la controversia a Gendarmería de Chile, en medio de investigaciones administrativas, eventuales acciones penales y un creciente debate político sobre la profundidad y urgencia de su reforma estructural.
En los últimos días se registraron dos nuevos casos, que se suman a otros ocurridos desde 2025. En total, ya son al menos ocho episodios atribuidos a errores en la tramitación de órdenes judiciales, fallas administrativas o interpretaciones erróneas de resoluciones, encendiendo las alertas sobre los protocolos internos del sistema penitenciario.
Desde el Ejecutivo calificaron los hechos como “impresentables” y constitutivos de “negligencias inexcusables”, abriendo paso a una revisión más profunda del funcionamiento institucional.
El episodio más reciente ocurrió en Viña del Mar, donde un imputado fue liberado pese a que se había decretado su prisión preventiva.
Se trata de Felipe Díaz Vivanco, quien fue trasladado al tribunal para su control de detención. Aunque la magistrada Leticia Morales ordenó su ingreso a prisión, el funcionario a cargo lo dejó en libertad tras finalizar la audiencia.
El imputado se presentó voluntariamente al día siguiente ante el tribunal. Tras pagar una fianza de $500 mil, quedó nuevamente en libertad, esta vez con firma mensual y arraigo nacional.
El hecho se convirtió en el segundo error en menos de una semana, luego de que en el 13° Juzgado de Garantía de Santiago se detectara que un imputado fue liberado pese a mantener una orden de detención vigente, tras una suplantación de identidad que pasó inadvertida para Fiscalía, Defensoría, Gendarmería y el tribunal.
Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió en julio de 2025, cuando un sospechoso del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el ''Rey de Meiggs'', recuperó su libertad tras una orden judicial dirigida a Gendarmería.
El imputado, Osmar Ferrer Ramírez —vinculado a una banda con conexiones con el Tren de Aragua— fue excarcelado luego de que el organismo penitenciario recibiera la instrucción desde el tribunal. Desde la institución señalaron entonces que “Gendarmería recibió una orden del tribunal, y la acató”.
El crimen se había perpetrado el 19 de junio en Ñuñoa, cuando atacantes emboscaron a la víctima al salir de un edificio residencial.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó la destitución de funcionarios involucrados y la remisión de antecedentes al Ministerio Público para indagar eventuales delitos.
La autoridad no descartó hipótesis de corrupción, extorsión o incluso sabotaje, una línea que también respaldó el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, quien llamó a no cerrar anticipadamente ninguna arista investigativa.
En el Congreso, el diputado Gustavo Benavente (UDI) sostuvo que este tipo de errores se arrastran desde hace años y planteó que la situación debería mejorar cuando Gendarmería pase a depender del Ministerio de Seguridad Pública.
El proyecto actualmente en discusión busca transformar a Gendarmería en una policía penitenciaria y reconocer su rol estratégico en la seguridad pública.
Según la Cámara, la iniciativa le asigna una función similar a la de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, contribuyendo a garantizar el orden público.
Además, establece que Gendarmería pase a depender del Ministerio de Seguridad Pública e incorpore rango constitucional, dejando de ser solo un servicio público regulado por ley. Esto implica que su existencia, funciones y principios básicos quedarían consagrados directamente en la Constitución.
“El objetivo es fortalecer a Gendarmería, y eso pasa por fortalecer el estatuto de sus funcionarios y funcionarias”, sostuvo el ministro Gajardo en la Comisión de Constitución.
El Gobierno ha definido este momento como clave en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la sucesión de errores administrativos plantea una interrogante central: ¿basta con elevar el rango institucional de Gendarmería o es necesario revisar en profundidad sus protocolos, controles internos y sistemas tecnológicos?
Las liberaciones erróneas no solo han expuesto fallas operativas, sino que también han puesto en cuestión la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.
Mientras avanzan las investigaciones, el debate sobre la modernización del sistema penitenciario vuelve a instalarse con fuerza, esta vez bajo la presión de hechos concretos que han erosionado la confianza pública.
PURANOTICIA
