El proyecto propone que las aseguradoras devuelvan el dinero de sus afiliados -estimado en US$1.400 millones- en un plazo de 24 meses.
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El Ministerio de Salud prepara una ley corta frente a la incertidumbre existente entre las isapres respecto a la aplicación del polémico fallo de la Corte Suprema, que las obliga a aplicar de manera retroactiva la misma tabla de factores a todos los usuarios del sistema desde abril de 2020 y restituir los cobros en exceso que se hayan realizado desde entonces.
Según informó El Mercurio, el proyecto propone que las aseguradoras devuelvan el dinero de sus afiliados -estimado en US$1.400 millones- en un plazo de 24 meses.
El economista David Debrott, ex jefe del Departamento de Estudios y Desarrollo de la Superintendencia de Salud, aseguró que el monto a devolver es equivalente a las utilidades que ha obtenido el sistema entre 1990 y 2021.
"Lo que hemos planteado es una propuesta en la que tratamos de ser responsables, en el sentido de que tenemos que dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, pero a la vez con prudencia, de manera de permitir que se pueda dar cumplimiento, que se puedan hacer las devoluciones de cobros en exceso, pero que también la gente no tenga riesgo de su cobertura financiera y de acceso a los prestadores y al mismo tiempo enfrentar la mayor migración de gente a Fonasa, donde también tenemos que reforzar la protección financiera de todos ellos", indicó la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
La ley corta también buscará reforzar el sistema público de salud mediante seguros voluntarios de copago. "Idealmente serían licitados, en una primera instancia podrían ser administrados. Hemos tenido una acogida transversal de la necesidad de fortalecer el seguro público y mejorar la proyección financiera que utilizan prestadores priva-dos a través del seguro público", consignó la secretaria de Estado.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Francisco Chahuán (RN), indicó que la iniciativa "cumple con los elementos de la progresividad en la aplicación del fallo en término de las tablas de factores, lo que es coincidente con la propuesta de reforma constitucional que presentamos algunos senadores. La única diferencia dice relación con el punto de vista de los plazos: nosotros considerábamos que debieran ser 36 meses y no 24".
"Pero quiero destacar que la propuesta del ministerio guarda relación con el impacto político sanitario que se puede provocar si no se toman medidas de inmediato", agregó.
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