A esta realidad se agrega el daño causado por jaurías en el ganado doméstico y fauna silvestre, incluyendo animales en peligro de extinción. Esto, en medio de una escasa fiscalización y bajo acatamiento de la norma vigente.
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Los ataques causados por perros, lejos de disminuir tras la promulgación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (N° 21.020), persisten con un alto impacto en comunidades urbanas y rurales.
Según un informe de Transparencia, obtenido por la ONG Mascotalerta a inicios de año, citado por El Mercurio, 66 comunas no contaban con ordenanza sobre tenencia de mascotas, mientras que 130 no la habían actualizado.
Ante los constantes ataques al ganado doméstico y la fauna nativa, “resulta prioritario mejorar y aplicar con rigor la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas”, afirmó Carlos Guerra, doctor en biología y director del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta.
“Lo que nos queda es mejorar la llamada ‘Ley Cholito’, o si no, ir por una nueva ley”, dijo.
De acuerdo a la norma N° 21.020, las ordenanzas municipales no podrán permitir la utilización de métodos que admitan sacrificio de animales como sistema de control de la población animal.
Esta prohibición se extiende a todos los servicios públicos, así como también a las organizaciones de protección animal.
Carlos Samur, abogado jefe de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío, recordó que la ley define que quienes posean como mascotas especímenes caninos potencialmente peligrosos, o con historial de agresiones, deben cumplir una serie de requisitos.
“Entre estos, ser mayor de 18 años, que haya circulación en las vías públicas con arnés y correa, contar con un seguro de responsabilidad civil, tener un cerco seguro y lugar adecuado, si esta en un domicilio”, entre otras disposiciones.
Las personas, dijo, “que son responsables de estos animales se exponen a sanciones penales”.
PURANOTICIA
