El requerimiento fue presentado por diputados oficialistas, quienes acusaron desproporción y negligencia por parte del fiscal en el marco del caso Sierra Bella.
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La Corte Suprema rechazó este lunes, de manera unánime, el requerimiento presentado por un grupo de diputados oficialistas que solicitaba la remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
El fallo del máximo tribunal descarta la posibilidad de destitución, decisión que exige el respaldo de al menos cuatro séptimos de sus integrantes, conforme al procedimiento establecido para la remoción de fiscales regionales.
Cooper es el cuarto fiscal regional en enfrentar una solicitud de remoción ante la Corte Suprema desde 2019, lo que evidencia diferencias entre sectores políticos y el Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones investigativas.
Antes de ser designado en la región de Coquimbo, en los primeros meses de 2023, se desempeñó en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, donde encabezó investigaciones de alto interés público. Entre ellas, inició indagatorias por presuntos delitos asociados a la compra del inmueble que albergó la clínica Sierra Bella, realizada por la Municipalidad de Santiago bajo la administración de la entonces alcaldesa Irací Hassler.
La investigación vinculada al recinto de salud derivó en diligencias judiciales, entre ellas la incautación del teléfono celular de la diputada Karol Cariola, el pasado 3 de marzo, coincidiendo con el nacimiento de su primer hijo. Ese procedimiento generó controversia, tanto por la oportunidad de la medida como por su impacto mediático, e impulsó cuestionamientos dentro del oficialismo.
Mensajes entre Cariola y Hassler, obtenidos en el marco de la causa, llevaron al fiscal a abrir una investigación paralela por eventual tráfico de influencias relacionado con la frustrada adquisición de la clínica.
Este hecho fue la base del requerimiento presentado por diez parlamentarios pertenecientes al Partido Comunista, Partido Socialista y Frente Amplio, quienes solicitaron la destitución de Cooper argumentando un uso desproporcionado de sus facultades y posible vulneración de derechos.
En su exposición ante el Pleno de la Suprema, la abogada Karinna Fernández acusó “negligencia” de Cooper por “entrega de información reservada a terceros ajenos a la investigación”, aludiendo la entrega a la Municipalidad de Santiago de datos de la causa Chinamart respecto a Cariola y el empresario chino Bo “Emilio” Yang. “Estamos ante un fiscal regional que se comporta como litigante”, sostuvo.
Además, afirmó que “el actuar inconvencional del fiscal regional vulneró derechos a la debida diligencia, al debido proceso, al acceso a las garantías judiciales, la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones”.
Por la defensa, expuso el abogado Matías Insunza. Recordó que el abogado Juan Carlos Manríquez, representando a Cariola, desistió de su petición para anular la diligencia.
“La pregunta que tenemos que formularnos en este momento es si se acreditaron las conductas imputadas en el requerimiento, si ocurrieron como allí se indican, y, además, en el evento en que ocurrieron de esa manera, si fueron manifiestamente negligentes como exige la norma y el estándar de nuestro sistema. Y la respuesta es un contundente y rotundo no”, explicó el abogado.
La audiencia ante la Corte Suprema se realizó este lunes con exposiciones de ambas partes, cada una con 30 minutos para presentar sus argumentos.
La presidenta subrogante del tribunal, Gloria Ana Chevesich, dio por concluida la revisión cerca de las 16:30 horas, y los ministros iniciaron la deliberación. A las 17:13, la vocera María Soledad Melo anunció públicamente la decisión: el requerimiento de remoción contra el fiscal Patricio Cooper fue rechazado por unanimidad.
Tras conocerse el fallo, el abogado defensor, Jorge Insunza, lo calificó como una señal de justicia y reafirmó que la resolución se basó exclusivamente en los antecedentes jurídicos del caso. Cooper siguió la sesión de forma remota y fue informado personalmente del resultado.
Con el rechazo unánime del requerimiento, el máximo tribunal reafirma su criterio frente a este tipo de solicitudes, consolidando el estándar exigido para una remoción y manteniendo al fiscal Cooper en el ejercicio de sus funciones.
Cabe señalar que el fiscal también lidera investigaciones de alto impacto político, como la compraventa fallida de la casa de la familia Allende en calle Guardia Vieja y la revisión de convenios suscritos por la fundación ProCultura.
En este último caso, su actuación fue cuestionada luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara ilegales las interceptaciones telefónicas ordenadas respecto de Josefina Hunneus, lo que llevó al fiscal nacional Ángel Valencia a apartarlo de la causa.
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