En un comunicado, el tribunal delineó las áreas afectadas: Gastos de Personal, el Programa de Rezago de Causas Judiciales, Bienes y Servicios de Consumo, y Adquisición de Activos no Financieros.
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La Corte Suprema expresó su descontento debido al recorte presupuestario al Poder Judicial, destacando los efectos perjudiciales que tendrá esta medida en 2025.
En un comunicado, el tribunal delineó las áreas afectadas: Gastos de Personal, el Programa de Rezago de Causas Judiciales, Bienes y Servicios de Consumo, y Adquisición de Activos no Financieros.
El máximo tribunal advirtió que la reducción de presupuesto para funcionarios pone en riesgo la continuidad operacional, ya que limita los fondos para suplencias que cubren ausencias por vacaciones o licencias médicas.
La Corte también señaló que el acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso reducirá aún más la capacidad de los tribunales y aumentará las cargas de trabajo existentes. Esto agrava el lento avance de los proyectos legislativos destinados a aumentar el personal, manteniendo el déficit estructural en el corto y mediano plazo.
Además, el recorte en Adquisición de Activos no Financieros afectará la seguridad informática y el funcionamiento de los tribunales, obstaculizando el acceso a la justicia.
En cuanto a Bienes y Servicios, la Suprema manifestó que, además del aumento de los costos operacionales, se prevé un impacto por el alza de la electricidad, generando un déficit de aproximadamente 8 mil millones de pesos.
La ministra vocera, María Soledad Melo, adelantó que “los recortes en contrataciones impedirán reemplazar a los funcionarios de vacaciones o con licencias médicas. Esto podría cubrir solo el primer semestre del año, pero dejaría sin fondos para suplencias en el segundo semestre”.
Subrayó que “la falta de jueces y funcionarios incrementará la carga de trabajo, resultando en más licencias médicas y afectando a los usuarios del servicio judicial”.
Criticó que numerosas leyes han aumentado la competencia de los tribunales sin proporcionar el financiamiento o personal necesario, obligando al Poder Judicial a afrontar nuevas tareas con recursos existentes.
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