Un recurso de protección prestando por residentes del popular sector de la comuna de Santiago, donde tiene su domicilio el Presidente Boric, fue acogido por la Tercera Sala del máximo tribunal del país.
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Vecinos del Barrio Yungay de la comuna de Santiago de la región Metropolitana, precisamente donde vive el Presidente Gabriel Boric, presentaron un recurso de protección que fue acogido por la Corte Suprema, la que ordenó a la municipalidad y a la Delegación Regional Metropolitana a adoptar medidas producto de las incivilidades y la ola de delitos que afecta al sector.
Fue específicamente la Comunidad Condominio Agustinas 3160 quienes presentaron el recurso, en el que exponían que no se respetaban sus garantías constitucionales producto del alto número de personas en situación de calle que se encuentran pernoctando en las instalaciones del parque Portales, lo que afectaría la salubridad y seguridad pública.
Tras acoger el recurso, la Tercera Sala del máximo tribunal del país falló que “corresponde tanto a las municipalidades como a las Delegaciones, regionales y provinciales, el velar por la pronta y eficiente solución del problema que aqueja a los recurrentes, en tanto la municipalidad tiene la calidad de administradora de los bienes nacionales de uso público de su comuna, y el deber de mantener el ornato y especialmente el aseo de la misma”.
“Por su parte, las Delegaciones Presidenciales, Regionales y Provinciales se encuentran expresamente mandatadas por la ley a mantener la seguridad y el orden público en su territorio de competencia y de sus habitantes”, añade la resolución.
En esta misma línea, el fallo continúa agregando que “ninguna de las instituciones informantes puede desconocer la responsabilidad que les cabe en esta problemática social, pues aún existiendo varias instituciones y autoridades llamadas a su resolución, es su deber, en tanto órganos del Estado, actuar mancomunadamente para otorgar las soluciones que los habitantes de la República requieren, en virtud de encontrarse al servicio de la persona humana”.
“Ante la ausencia de acciones concretas de la autoridad política y administrativa, (...) hace menester adoptar medidas por la presente vía que protejan las garantías constitucionales que se han visto amagadas por la situación en estudio, sin pretender, en ningún caso, reemplazar o actuar de sustituto de las diversas acciones civiles y penales que procedan”, aseguraron en el escrito.
Para finalizar, la resolución dispuso que la Municipalidad de Santiago y la Delegación Presidencial deberán adoptar en un corto plazo y previa coordinación, “un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas que han visto amagados sus derechos en los términos expresados en este fallo, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra en lo sucesivo, otorgando una solución al problema planteado en autos”.
PURANOTICIA
