Esto, luego que la Fiscalía de Los Lagos expusiera una llamada entre el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y el notario de San Miguel, Claudio Barrena, donde afirman que Mario Vargas “le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela Vivanco”.
visitas
El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó iniciar una investigación sumaria administrativa en contra del conservador de bienes raíces de Puente Alto, dos notarios titulares de la jurisdicción y un exnotario interino.
La presidenta María Catalina González explicó que "decidió iniciar una investigación sumaria administrativa contra funcionarios de esta jurisdicción que han aparecido mencionados e involucrados en graves hechos expuestos por la prensa nacional y teniendo presente además otros antecedentes administrativos existentes en nuestra Corte”.
“Dichos funcionarios son los siguientes: Sergio Rodrigo Yáber Lozano, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Rafael Barrena Eyzaguirre, notario de la 10° notaría y archivero judicial, con asiento en la comuna de San Miguel; Rodrigo Enrique Ortúzar Rodríguez, notario de la primera Notaría de San Miguel, todos titulares en sus cargos y, además, en contra de Fernando Martel Costa, quien fuera notario interino de la 5° Notaría de San Miguel, con asiento en la comuna de La Cisterna”, agregó.
El viernes pasado, 7 de noviembre, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago dio por finalizada la primera jornada de formalización contra los abogados Gonzalo Migueles -pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-, Mario Vargas y Eduardo Lagos, por el caso «Muñeca Bielorrusa». Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Los Lagos expuso una llamada entre el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y el notario de San Miguel, Claudio Barrena, donde afirman que Mario Vargas “le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela (Vivanco)”.
Además, en la conversación, se puede escuchar a ambos discutir sobre la apertura del secreto bancario de Vivanco y Migueles, y cómo un medio de prensa sigue a Barrena para realizar una entrevista por estar vinculados con movimientos entre sus cuentas y la de los imputados.
Frente a ello, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales expresó su total rechazo a cualquier actuación de asociados y no asociados que pueda ser constitutiva de delito, "en relación a los hechos que se han conocido públicamente".
De esta manera se refirió –sin nombrarlos– al conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y al notario de San Miguel, Claudio Barrena, imputados en la trama «Muñeca Bielorrusa» como supuestos blanqueadores de los sobornos que recibió Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco.
En una declaración, el gremio reiteró "nuestro total compromiso con la importante, delicada y necesaria función profesional que nos encarga, como asimismo, a la independencia, imparcialidad, rectitud y ética, que debe emplearse por parte de quienes tenemos la responsabilidad de ejercerla".
"Es por ello que cuestionamos decididamente cualquier hecho o acto que pueda afectar la veracidad, rigor y confiabilidad de esta importante labor profesional y por ello, solicitamos a las autoridades correspondientes que se lleven a cabo las investigaciones del caso con el mayor celo y celeridad, de manera que puedan prontamente esclarecerse los hechos y determinarse las responsabilidades que de ellos emanen", enfatizó.
"La celeridad, es de la mayor necesidad para sancionar a los responsables y también para aquellas personas involucradas, para el caso que no les haya correspondido tener participación en los hechos investigados", añadió el gremio.
"Esperamos que las autoridades judiciales, en virtud de sus facultades, puedan realizar las investigaciones administrativas que correspondan y de esta manera determinar las eventuales responsabilidades en hechos que han impactado muy negativamente la labor fedataria y al Poder Judicial en su conjunto", agregó.
También anunció que la asociación "adoptará las medidas internas para indagar los hechos, en lo que es de su competencia, y de comprobarse actuaciones reñidas con la ética y recto desempeño de la función, adoptará las sanciones que ameriten los hechos investigados".
Finalmente, expresó su "total compromiso con el respeto y responsabilidad que se debe tener en el ejercicio de esta delicada labor profesional y nuestra profunda convicción en rechazar, categóricamente, toda y cualquier situación que pueda afectar o poner en duda la valía del importante poder fedante que se nos ha delegado".
PURANOTICIA
