“Lo que planteamos, es que si alguien manifiesta que una norma es contraria a la constitucionalidad, esta se eleva a la Corte Suprema, que debe establecer si la norma es constitucional o no", explicó la convencional Manuela Royo.
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Un grupo de convencionales de la Comisión de Sistemas de Justicia ingresaron una iniciativa de norma para eliminar el Tribunal Constitucional en la nueva Constitución.
Una de las grandes incógnitas de la Convención tenía precisamente relación con el futuro del organismo fundado en 1970, el cual ejerce el control de la constitucionalidad de las leyes. Mientras algunas posturas apunta a cambios graduales, la idea de suprimirlo ya había rondado en la antesala al debate de fondo.
La iniciativa fue firmada por los convencionales Manuela Royo, Christian Viera (Lista del Apruebo), Fernando Atria, Constanza Schonhaut, Hugo Gutiérrez (Apruebo Dignidad) y Mauricio Daza (Regionalismo Ciudadano Independiente).
Durante la presentación de la propuesta, la convencional Royo explicó que "parte de lo que es la crisis de nuestro sistema de justicia dice relación con los fuertes cuestionamientos al control que ejerce el Tribunal Constitucional. En ese sentido, hoy presentamos una iniciativa que radica el control de inaplicabilidad de una norma por inconstitucionalidad".
De esta forma, aseveró que el objetivo es poner "fin al control preventivo de constitucionalidad que ha realizado el TC y también al control represivo de inaplicabilidad de una norma, que dice relación con comprender y establecer si una norma es acorde o no con la Constitución”.
“Lo que planteamos, es que si alguien manifiesta que una norma es contraria a la constitucionalidad, esta se eleva a la Corte Suprema, que debe establecer si la norma es constitucional o no, y si es declarada inconstitucional, el legislador y el Congreso puede conocer el contenido y si constitucionalidad”, afirmó.
Según Royo, la norma “transforma el sistema de control de la constitucionalidad, lo democratiza y evita que un TC sin legitimidad democrática conozca respecto de la constitucionalidad de las leyes y que haga un trabajo de legislación negativo”.
Por su parte, el convencional Viera aclaró que buscan “la transformación de la justicia constitucional. No es la eliminación de la justicia y control, es un reemplazo y modificación sustantiva”.
El constituyente apuntó al "desprestigio de un tribunal que se ha transformado en la práctica en legislador, en una tercera cámara, pero sobre todo para actualizar el tipo de control en términos democráticos".
"El tipo de control que proponemos es débil. En el evento que se acoja la inconstitucionalidad, se remite al Congreso para que mediante un proceso legislativo simplificado, se puedan hacer cargo o no de las observaciones en torno a la ley en cuestión. Es una deferencia con el órgano legislativo”, remarcó.
En tanto, el convencional Atria detalló que la medida “ha sido el resultado de una conversación que se hace cargo de mirar con atención la experiencia que hemos tenido en Chile con el TC, retener lo importante del aporte del control constitucional, pero enfrentar las patologías que el TC ha mostrado”.
Su par Daza complementó que proponen "que los jueces de la Corte Suprema no sean elegidos como se designan actualmente, en que básicamente interviene la autoridad política”.
”Estamos discutiendo propuestas para crear un órgano autónomo, un consejo superior de justicia que esté a cargo de esas designaciones. Es un elemento relevante a considerar al establecer las bases de este nuevo control de constitucionalidad de las leyes sin TC”, advirtió.
PURANOTICIA
