Para ambos organismos, la instancia desestimó nuevamente las propuestas emanadas de la Comisión de Sistemas de Justicia para que estuviesen encabezados por un Consejo Superior, por lo que seguirán siendo liderados por un titular.
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El Pleno de la Convención Constitucional despachó al borrador de la nueva Constitución las normas relativas a la Fiscalía Nacional y a la Defensoría Penal Pública.
Para ambos organismos, la instancia desestimó nuevamente las propuestas emanadas de la Comisión de Sistemas de Justicia para que estuviesen encabezados por un Consejo Superior, por lo que seguirán siendo liderados por un titular.
En el primer caso, se aprobó que "la dirección superior del Ministerio Público reside en la o el Fiscal Nacional", el cual durará seis años en el cargo y no ocho como ocurre en la actualidad.
No podrá se reelegido y su nominación dependerá de la mayoría de los integrantes del Congreso y de la Cámara en una sesión conjunta, a partir de una terna propuesta por el Presidente. Además, el postulante deberá tener al menos 15 años de título de abogado.
El Fiscal Nacional tendrá la misión de dirigir las sesiones del Comité del Ministerio Público, así como de representar a la entidad y de impulsar la ejecución de la persecución penal en el país, además de designar a fiscales regionales y fiscales adjuntos en base a ternas.
En tanto, se visó que el Comité del Ministerio Público deberá asesorar al jefe persecutor y designar al director ejecutivo nacional, además de realizar las ternas para el nombramiento de fiscales adjuntos, entre otras atribuciones.
Cabe señalar que, el actual fiscal nacional Jorge Abbott sostuvo un encuentro con la mesa directiva del órgano constituyente, encabezada por María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez.
"La restitución de la figura del Fiscal Nacional, con algunas facultades que se le entregan al comité de fiscales regionales, nos parece un diseño que le da gobernabilidad a la institución", indicó Abbott tras el encuentro.
Por otro lado, el Pleno aprobó que el Defensor Nacional estará al mando de la Defensoría Penal Pública. Durará seis años en el puesto sin posibilidad de reelección, siendo nombrado bajo las mismas condiciones que el fiscal nacional, es decir, por la mayoría del Poder Legislativo tras una terna presentada por el Mandatario.
En tanto, se despachó que el nuevo Defensor del Pueblo será designado también en base al Congreso y la Cámara, pero en base a una terna elaborada "por las organizaciones sociales y de derechos humanos, en la forma que determine la ley.
PURANOTICIA
