La Contraloría General de la República solicitó un informe a la Subsecretaría de Educación Superior y a la Superintendencia de Educación Superior para indagar sobre las transferencias de recursos públicos a la Universidad San Sebastián.
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La Contraloría General de la República solicitó un informe a la Subsecretaría de Educación Superior y a la Superintendencia de Educación Superior para indagar sobre las transferencias de recursos públicos a la Universidad San Sebastián.
Según dieron a conocer se tomó la decisión de oficiar a estas entidades tras la denuncia de parlamentarios oficialistas y tiene por objetivo verificar el cumplimiento de funciones de control por parte de la Superintendencia de Educación.
Durante esta jornada, los diputados Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Andrés Giordano (FA), y la diputada Gael Yeomans (FA) ingresaron una denuncia para que se investigue los tratos, licitaciones y transacciones entre el Ministerio de Educación y la Universidad San Sebastián durante la gestión de Marcela Cubillos.
El diputado Juan Santana, miembro de la Comisión de Educación, detalló que buscan que se indaguen tres contratos “uno de ellos relacionado con un contrato entre el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento Educacional Experimental, con la Universidad de San Sebastián para la formación de directores y de mentores”.
Además, de “un segundo contrato entre la Subsecretaría de Educación Superior con la Universidad de San Sebastián para construir un instrumento de evaluación para docentes de educación diferencial que fue realizado a través del trato directo y un tercer contrato que nos parece bastante cuestionable de la Universidad de San Sebastián con el Ministerio de Educación en donde se le adjudicó un contrato, una licitación para la elaboración de textos escolares”.
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