El diputado Raúl Leiva ingresó un requerimiento para determinar la legalidad de la solicitud de información sobre el Clan Chen, la cual derivó en la salida de la subdirectora de Inteligencia.
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El diputado Raúl Leiva (PS) solicitó formalmente a la Contraloría General de la República que evalúe la legalidad de un requerimiento realizado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a la Policía de Investigaciones (PDI) y que derivó en la la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
El cuestionamiento se centra en el oficio reservado N° 28, emitido el 13 de marzo, apenas 48 horas después de que Steinert asumiera su cargo en el Gobierno. A través de este documento, la secretaria de Estado solicitó antecedentes específicos sobre los efectivos de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Tarapacá vinculados a la indagatoria del caso conocido como “Clan Chen”.
En su requerimiento ante el órgano contralor, Leiva sostiene que la ministra pudo haber sobrepasado sus facultades. Aunque la ley permite que el Ministerio de Seguridad solicite reportes a las policías, el parlamentario enfatiza que existen límites claros cuando se trata de procesos penales en curso. Al respecto, el legislador advierte en el texto que “no se puede requerir información que afecte el desarrollo de diligencias investigativas ni aquella que exponga datos sensibles o identidades de funcionarios involucrados”.
La controversia también apunta al tipo de datos exigidos, que incluían la identificación completa de los funcionarios, sus traslados, destinaciones y posibles antecedentes disciplinarios o penales.
El diputado critica que se haya solicitado información “en bruto” y no mediante informes consolidados, lo que a su juicio contraviene el diseño legal vigente para este tipo de interacciones entre el Ejecutivo y las fuerzas de orden.
Un factor relevante en la presentación es el rol previo de la autoridad, ya que antes de integrarse al gabinete, Steinert era la fiscal regional de Tarapacá, zona donde se originó la investigación del “Clan Chen”. Según el legislador, la celeridad con la que se envió el oficio —a menos de dos días de iniciado su mandato— evidenciaría un manejo detallado de la causa que podría dar pie a eventuales conflictos de interés.
Finalmente, la solicitud pide a la Contraloría resolver si la ministra incurrió en un exceso de funciones y si vulneró el principio de juridicidad o las normas sobre el secreto de la investigación. De confirmarse irregularidades, Leiva solicitó que se instruyan procesos de fiscalización y medidas administrativas para determinar responsabilidades, en un caso que podría sentar un precedente sobre los límites del Ministerio de Seguridad ante el Ministerio Público.
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