La entidad fiscalizadora detectó a más de 6 mil funcionarios que ejercían en el mundo privado mientras estaban con reposo en el sector público.
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En un duro balance sobre la probidad en el Estado, la Contraloría General de la República (CGR) instruyó el reintegro de 1.311 millones de pesos tras detectar graves irregularidades en la justificación de inasistencias laborales.
La contralora Dorothy Pérez detalló que, ante las peticiones de los implicados para no devolver los montos del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), el organismo ha mantenido una postura estricta. “La ley orgánica faculta a la Contraloría con esa atribución de condonar o dar facilidades; en el 96% de los casos hemos rechazado esas solicitudes de condonación”, indicó.
El foco de la fiscalización reveló que 6.311 funcionarios públicos realizaron labores remuneradas en el sector privado mientras se encontraban bajo licencia médica en sus reparticiones estatales.
Al respecto, Pérez precisó que “detectamos 6.311 casos de personas que estaban recibiendo al mismo tiempo renta por actividad que hicieron en ese periodo en dos o en tres trabajos. Pero a los privados podían ir, ahí no presentaron licencia, y a los públicos sí podían aceptarse”, puntualizando además que “la mayoría de los casos son reales”.
La revisión de la CGR, que abarcó ministerios, servicios de salud y municipalidades, expuso una contradicción en el uso del beneficio. Según la contralora, se emitirá un informe técnico sobre estos “6.311 casos de personas que justificaron su inasistencia en el sector público. No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado”.
Bajo este escenario, aclaró que las excepciones para no restituir los fondos son mínimas: “solo se han otorgado cuando había algún error en la determinación de la persona o cuando hay una causal humanitaria: la persona está en una situación terminal. Todos los demás casos se rechazan porque son fondos, como lo dijimos al comienzo, de todos y tenemos que recuperarlos”.
En cuanto al alcance de las indagatorias, el Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD) registra actualmente 13.074 sumarios administrativos derivados de un universo de 55.933 casos bajo sospecha. A la fecha, 344 procesos disciplinarios han llegado a su fin, resultando en 93 destituciones y 77 términos de contrato. No obstante, el proceso ha enfrentado obstáculos, ya que 723 entidades estatales no han proporcionado la información requerida por el ente regulador.
Estas revelaciones fueron dadas a conocer durante la cuenta pública de la institución, ceremonia que contó con la asistencia del Presidente José Antonio Kast. En la instancia, se subrayó la necesidad de resguardar los recursos públicos frente a abusos en el sistema de licencias médicas, marcando un precedente en la fiscalización del empleo fiscal.
PURANOTICIA
