Oficio fue remitido a todos los ministerios, subsecretarías, servicios públicos, gobiernos regionales, municipalidades, empresas públicas y también al propio Congreso Nacional.
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La Contraloría General de la República emitió un oficio que remitió a todos los ministerios, subsecretarías, servicios públicos, gobiernos regionales, municipalidades, empresas públicas y al Congreso, entre otros, en el que reitera que el personal de Gobierno debe asistir a comisiones del Congreso.
Según consigna La Tercera, se trata de un instructivo que no sólo se circunscribe al caso de Miguel Crispi, jede de asesores de La Moneda, sino también a todos aquellos ministerios que aún no contestan oficios de comisiones de la Cámara de Diputados, o funcionarios públicos que derechamente desatienden las citaciones del Congreso por “tener algo que hacer”.
En el documento, el órgano contralor reafirma que todo el personal que trabaje para el Gobierno, para una empresa estatal, municipio o que reciba sueldo de las arcas fiscales -no importando si es a contrata, planta u honorario-, tiene la obligación de asistir.
“Se instruye a todas las entidades sujetas al control de esta Entidad de Fiscalización para que adopten todas las medidas necesarias a fin de dar íntegro e inmediato cumplimiento señalado, ajustando sus actuaciones en los términos indicados. Asimismo, corresponde que las autoridades y jefaturas ejerzan sus deberes de control jerárquico respecto de las actuaciones de sus subalternos, a efectos de que se ajusten a lo instruido, todo lo cual será fiscalizado por esta Contraloría General”, se lee en el documento de siete carillas.
La contralora explicita que la ley es clara en determinar que la Cámara de Diputados para poder realizar su labor de fiscalización de actos de gobierno y a servidores públicos necesita que esas personas tengan en cuenta que están obligados a asistir a la sesión que la instancia parlamentaria fije, sobre todo cuando estamos hablando de aquellas comisiones investigadoras que se conforman por caso que impactan a la opinión pública.
“Están obligadas a suministrar los 'antecedentes' y las 'informaciones' que les sean solicitadas, lo que incluye prestar declaración sobre las situaciones por las cuales se les consulte en tal instancia y que se refieran al ejercicio de sus labores en la respectiva entidad, sus deberes funcionariales o contractuales, o bien, relativos al cumplimiento de los principios y de las normas que rigen a la Administración del Estado y a las demás entidades de que se trata, o a aspectos inherentes o relacionados con los recursos públicos, la función pública o la actividad estatal”, se lee en el instructivo.
Las últimas veces que Crispi ha sido requerido por el Congreso fue ante la comisión investigadora del caso Monsalve. Esta persigue eventuales responsabilidades políticas tras la investigación que mantiene en prisión preventiva al exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien está formalizado por violación de una subalterna.
Si bien, el jefe de asesores -en esta oportunidad-, sí compareció ante la instancia, se negó a entregar detalles de su conversación con el Presidente Gabriel Boric cuando él, y el jefe de gabinete Carlos Durán, se enteraron de lo que la denuncia contra la exautoridad.
Por un lado, Contraloría ya determinó que Crispi, por muy asesor que sea, sí está obligado a asistir ante las comisiones y aportar antecedentes y respecto al “secreto” que debe mantener en sus conversaciones con el Presidente, la instrucción de Pérez es acotada.
“La Constitución Política de la República, preceptúa que es una atribución especial del Presidente de la República “conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54 N° 1°.” Dicha norma constitucional agrega, que “Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo exigiere”, cita el documento.
En ese sentido, determina, que dichas “autoridades, funcionarios, servidores y personas deberán dar cumplimiento a dicho deber de secreto”. Ahora, la gran duda es, ¿Lo que habló Crispi con Boric respecto a una acusación contra Monsalve por violación, cae en la hipótesis de los “secretos” que se deben resguardar?
Las reglas sobre qué información es secreta y quiénes pueden resguardarla -según explica este instructivo-, están descritas en el artículo 303 del Código Procesal Penal: “Tampoco estarán obligadas a declarar aquellas personas que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tuvieren el deber de guardar el secreto que se les hubiere confiado, pero únicamente en lo que se refiriere a dicho secreto”.
PURANOTICIA
