Desde Salmonchile apuntan a la "permisología", con retrasos de entre dos años y medio a tres años, en promedio, en procesos administrativos.
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La Contraloría General de la República ordenó instruir sumarios en el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas para determinar eventuales responsabilidades administrativas, luego de que una auditoría entre 2020 y abril de 2023 constató faltas en la entrega y fiscalización de concesiones de cultivos de salmón.
Según publica El Mercurio, tras una revisión del Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (SIFA) de Sernapesca, se verificó que 170 centros de cultivo identificados en estado de "sin operación", por más de 24 meses, no fueron analizados para determinar si se configuraba la causal de caducidad, ni fueron informados a la citada subsecretaría para declarar si correspondía dicha caducidad.
Además, la Contraloría detectó que la subsecretaría para las FF.AA. mantiene pendientes desde 2016, 2018, y el período entre 2020 y 2023, la tramitación de 79 procesos de centros de cultivos de salmónidos, informados por Sernapesca, que eventualmente incurrirán en una causal de caducidad por no operación.
En otros 36 centros, según el órgano fiscalizador, se constató que los procedimientos de caducidad por incumplimiento de los requisitos legales excedieron en plazo máximo de seis meses para la tramitación de los procesos administrativos.
Estas dilaciones han llevado a que centros de cultivos informados por Sernapesca a la subsecretaría, que incurrirán en posibles incumplimientos que darían origen a declarar la caducidad de las concesiones, puedan reiniciar operaciones en ese período de inacción, lo que podría comprometer la eficacia de las funciones de fiscalización de Sernapesca.
Asimismo, se detectó “una falta de coordinación entre ambas entidades para la correcta y oportuna toma de acciones”, dice el informe.
Salmonchile, asociación gremial de salmoneras, dijo en un comunicado que “estas conclusiones son una prueba más del impacto de la ‘permisología’ en nuestro sector productivo”, con retrasos de entre 2,5 a tres años, en promedio, en procesos administrativos.
Aseguran que el retraso más complejo para el sector “tiene que ver con las ampliaciones de plazo por no operación, pues paraliza cualquier trámite que los titulares tengan respecto de la concesión”.
PURANOTICIA
