El organismo contralor declaró "improcedente" el gasto, ya que la defensa se enmarcaba en una denuncia por presunto nepotismo y no en el cumplimiento de las funciones del jefe comunal.
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La Contraloría General de la República ha emitido un dictamen que exige al alcalde de Renca, Claudio Castro, restituir los fondos públicos que la municipalidad utilizó para la contratación de un abogado que lo representara en una causa judicial.
Tras la solicitud de la exconcejala Camila Avilés (Demócratas), el organismo concluyó que esta asesoría legal no cumplía con los requisitos normativos para ser financiada con recursos del municipio, según detalló El Mercurio.
La denuncia original se remonta al 25 de septiembre de 2024, cuando la exconcejala acusó al jefe comunal de estar vinculado con un posible tráfico de influencias y nepotismo, por supuestamente haber favorecido a un familiar en negocios con inmobiliarias.
En su dictamen, Contraloría indicó que “no concurren los requisitos previstos en la normativa estatutaria y en la jurisprudencia citada, que permitan al alcalde ser defendido por el municipio con fondos públicos”. En esa línea, instruyó a la municipalidad a dejar sin efecto dicha contratación y a requerir que “el edil restituya los montos al efecto a través de la jefatura comunal subrogante”.
Por su parte, la Municipalidad de Renca defendió su posición, argumentando que la defensa fue "institucional y no personal". Indicaron que, de no haberla instruido, el jefe comunal habría quedado “desprotegido institucionalmente en el ejercicio de sus funciones”. Sobre el dictamen, informaron que han “ejercido su derecho a solicitar la reconsideración a la Contraloría General de la República”, una cuestión que aún está pendiente de resolver.
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