En el documento se incluyen 62 auditorías, de las cuales 22 son de carácter reservado “por contener información sensible”.
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La Contraloría General de la República lanzó el primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N° 1 de 2025, documento que reúne las observaciones realizadas a partir de fiscalizaciones entre enero de 2023 y julio de 2025, en áreas consideradas prioritarias: seguridad pública, control de armas y municiones, e incautación y destrucción de drogas.
El CRA forma parte de las iniciativas institucionales por entregar información de manera más simple, acotada y que promueva la mejor toma de decisiones y también respecto del control ciudadano respecto de las actuaciones del Estado.
En total, incluye 62 auditorías, de las cuales 22 son reservadas por contener información sensible. Así, este primer documento señala que, en materia de seguridad pública, se registraron en recintos penitenciarios 1.279 internos que recibieron visitas pese a tener prohibición y 1.539 ciudadanos que ingresaron con restricción de acceso.
Además, 479 personas identificadas como abogados privados no pudieron acreditar su profesión.
Solo el 12,7% de las cárceles cuenta con sistemas de inhibición de señal, los cuales presentan múltiples limitaciones técnicas. De hecho, la mayoría de los recintos penitenciarios cuenta con inhibidores para señal 2G, en circunstancias que -actualmente- la mayoría de los equipos móviles funcionan con tecnología 4G o 5G. Asimismo, se estableció que, pese a la inhibición, se permite la comunicación vía wifi, por lo que dicho sistema resulta obsoleto e ineficiente.
En otro punto, se detectó que 70 de 79 establecimientos del sistema cerrado no planificaron allanamientos ordinarios en 2024.
En este aspecto, se detectó que funcionarios desplegados carecían de exámenes médicos y certificaciones requeridas, y no se realizaron todas las visitas a hitos ni patrullajes de soberanía.
También se constató la ausencia de un registro centralizado de personas que ingresan por pasos no habilitados.
Respecto de este ítem, las auditorías de la CGR constataron que 25 vehículos policiales tenían cámaras inoperativas. Adicionalmente, se determinó que hubo casos de funcionarios sin examen psicológico o sin certificación para el uso de armamento menos letal.
En fiscalizaciones vehiculares, 626 vehículos encargados por robo no fueron recuperados, y 144 personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas durante controles. Además, en 145.715 procedimientos de tránsito no se verificaron placas en el sistema unificado, y 869 infracciones que implicaban retiro de vehículos no se concretaron.
Los informes de la CGR señalan que se identificaron armas no registradas en planillas de control, ausencia de documentación en incautaciones y falta de trazabilidad en sistemas de PDI y Gendarmería. Adicionalmente, se observó que en la Armada no existe un sistema informático para registrar asignación y devolución de armamento.
Asimismo, en la Dirección General de Movilización Nacional, se detectaron personas con condenas vigentes que mantenían armas registradas, adquisición de municiones por sobre el límite legal y armas asociadas a personas fallecidas sin evidencia de transferencia.
Las policías incumplieron el plazo legal de 24 horas para enviar actas de recepción y cadenas de custodia, con demoras de hasta 288 días. Se observaron diferencias de peso entre lo informado y lo registrado, con variaciones de hasta 32 kilos.
Otros hallazgos reflejan que las salas de custodia policial se usan como bodegas sin protocolos, y los recintos de salud presentan deficiencias en seguridad y control.
Además, hubo retrasos de hasta 189 días en la destrucción de drogas, incumpliendo el plazo legal de 15 días. En nueve entidades se encontraron medicamentos controlados vencidos y discrepancias en inventarios.
Respecto de las acciones derivadas, se instruyeron 3 procedimientos disciplinarios, 35 procesos sumariales y se remitieron 9 informes al Ministerio Público, uno al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación.
PURANOTICIA
