
Entre los principales hallazgos, se verificó que el servicio no utiliza las cuentas de anticipo conforme a su finalidad y mantiene, al 31 de diciembre de 2023, pagos que no fueron justificados en el presupuesto por $18.121.571.645.
Una serie de desórdenes financieros constató la Contraloría General de la República en una auditoría a la Caja de Previsión de Defensa Nacional (Capredena).
Entre los principales hallazgos, se verificó que el servicio no utiliza las cuentas de anticipo conforme a su finalidad y mantiene, al 31 de diciembre de 2023, pagos que no fueron justificados en el presupuesto por $18.121.571.645. Estos datos, además, no poseen análisis, lo que impide determinar porque se originan dichos anticipos.
Asimismo, el Informe Final N° 361 de 2024 indica que Capredena no tiene un control de los recursos que paga por diversas operaciones del Centro de Salud y Rehabilitación y que luego deben ser reintegrados al sistema, lo que, hasta el año 2023 suman $5.222.053.817. No recuperar estos pagos genera que estos se financien con recursos destinados para otros fines, lo que además implica un riesgo de no detectar irregularidades oportunamente.
Otro hallazgo se refiere a que el servicio mantiene un saldo de ingresos pendientes de recuperación de $2.692.844.081, sin haber acreditado gestiones de cobro ni mantener medidas que permitan llevar a cabo este los que corresponden, por ejemplo, a imposiciones y licencias médicas por recuperar.
La Contraloría también detectó que Capredena mantiene deudores que datan entre 2019 y 2023 por un monto de $13.763.611.366, los cuales se encuentran pendientes de cobro; y $9.608.563.394 por el mismo concepto contraídas hace varios años que, considerando el tiempo transcurrido, estarían prescritas, señala el informe. Además, carece de detalles, respaldo y análisis de su composición.
Debido a los antecedentes expuestos, la gravedad de los hechos, los montos involucrados y su reiteración, la Contraloría General de la República iniciará un procedimiento disciplinario para esclarecer las situaciones mencionadas y determinar así la responsabilidad administrativa de los funcionarios que hubieran participado en ellos.
PURANOTICIA