La contralora Dorothy Pérez anunció que el plan 2026 del ente que dirige priorizará detectar abusos en subsidios estatales, junto a temas de infancia y migración, para asegurar el correcto uso de fondos públicos.
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La contralora general de la República, Dorothy Pérez, aseguró que el ente que dirige tendrá un nuevo foco de fiscalización, centrado en la adjudicación y el uso de los beneficios sociales que entrega el Estado, como, por ejemplo, el subsidio de arriendo.
Estas declaraciones fueron emitidas en el marco del conversatorio titulado “Probidad y Eficiencia del Estado”, instancia que fue organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes.
Durante su alocución, Pérez precisó que el plan fiscalizador para el año 2026 contempla como uno de sus pilares la revisión de posibles irregularidades en la entrega de beneficios sociales, eje que se suma a las temáticas de infancia y migraciones.
Al respecto, la autoridad recordó: “El año pasado anunciamos que durante 2026 las prioridades de la Contraloría iban a estar en tres áreas: infancia, migraciones y entrega irregular de beneficios sociales a personas que no cumplen los requisitos que la ley dicta, o sea, el abuso”.
Según detalló la contralora, este último punto de inspección involucra una cuantía significativa de recursos, por lo que resulta vital garantizar que los dineros provenientes de las arcas fiscales sean asignados de manera correcta.
Sobre la gestión de estos activos, Pérez argumentó que “Es imposible que siempre haya fondos para cubrir todas las necesidades. Entonces, uno lo que tiene que hacer es optimizar y corregir los abusos que hay en otras áreas para que esos recursos sean destinados a los lugares donde se necesitan más”.
La titular de la Contraloría ratificó que actualmente se encuentran en proceso de revisión diversos programas de ayuda social, con el fin de constatar que los beneficiarios efectivamente acaten las exigencias establecidas en el marco normativo vigente.
“En simple: que cumplan los requisitos que la ciudadanía fijó, porque la ciudadanía manifiesta su voluntad a través de representantes en el Congreso que aprueban leyes y esas leyes dicen cuáles son los requisitos. Entonces, en realidad lo que estamos custodiando son los intereses de los ciudadanos”, afirmó la autoridad.
Para concluir, aunque Pérez aclaró que no es factible proyectar la cantidad exacta de anomalías que se podrían hallar, admitió que el gran volumen de información analizada conlleva la posibilidad de que existan fallos en el proceso.
En ese sentido, advirtió que “Va a haber un margen de error, pero la regla es que vamos a encontrarnos con casos de, por ejemplo, subsidio de arriendo entregados a personas que tienen propiedad o ciudadanos que ya no viven en Chile”.
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