El organismo de control requirió a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a Carabineros de Chile, Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Policía de Investigaciones, Superintendencia de Electricidad y Combustibles y al Ministerio de Energía, para que informen respecto de sus roles frente a este tipo de situaciones.
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La Contraloría General de la República inició una fiscalización respecto de las actuaciones de distintos servicios públicos en relación con el robo y comercialización de cables eléctricos en distintos lugares del país.
El organismo de control requirió a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, a la Subsecretaría de Prevención del Delito, a Carabineros de Chile, Servicio de Impuestos Internos, Aduanas, Policía de Investigaciones, Superintendencia de Electricidad y Combustibles y al Ministerio de Energía, para que informen respecto de sus roles frente a este tipo de situaciones.
La decisión de la CGR se da en el marco de la planificación de auditorías de este Organismo de Control. Así, las instituciones notificadas deberán informar con plazo hasta el 28 de marzo de 2025.
Entre los antecedentes requeridos, los servicios deberán indicar si se han efectuado fiscalizaciones relacionadas al rubro entre 2023 y 2024; si es que han verificado, en esas eventuales acciones fiscalizadoras de control y el origen de los productos que se adquieren, comercializan o funden.
Además, deberán detallar las sanciones que se han aplicado por los hallazgos detectados en sus fiscalizaciones y referirse a las investigaciones planificadas a la materia para el presente año.
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