El alcalde Sebastián Sichel decretó estado de emergencia Comunal en marzo luego que un carabinero fuera baleado al intentar frustrar el robo de un vehículo.
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La Contraloría General de la Republica dictaminó que la Municipalidad de Ñuñoa no tiene las facultades para decretar estado de emergencia en la comuna.
El alcalde Sebastián Sichel decretó estado de emergencia Comunal en marzo luego que un carabinero fuera baleado al intentar frustrar el robo de un vehículo.
Tras esta situación, la concejala Maite Descouvieres (PS), Vicente Abarca Hidalgo y José Olivos Jorquera, entre otros, acudieron ante el ente fiscalizador para que se refiriera a la legalidad de esta medida.
De esta forma, la Contraloría señaló que las municipalidades no tienen competencia para declarar estados de emergencia, dado que esta facultad es exclusiva del Presidente de la República en casos de grave alteración del orden público.
Además, se estableció que la declaración de emergencia requiere una formalización por parte de las autoridades constitucionalmente habilitadas y no puede ser asumida por los municipios.
El dictamen indica que en la normativa municipal “no se advierte la existencia de una potestad que habilite a las entidades edilicias a declarar estados de emergencia o similares, por lo que, de conformidad con el mencionado principio de juridicidad, los municipios no tienen competencia para efectuar tales declaraciones”.
“En todo caso y en lo sucesivo, la Municipalidad de Ñuñoa deberá abstenerse de efectuar declaraciones en términos que induzcan a desvirtuar la naturaleza jurídica de los actos administrativos como los cuestionados, sin perjuicio de las competencias que los municipios tienen a su disposición en materia de seguridad pública”, mencionaron.
Por otro lado, el dictamen plantea que “conforme lo informado por el municipio, se aprecia que lo decretado dice relación con la adopción de medidas de gestión interna con la finalidad de prevenir los delitos y promover la seguridad pública dentro de su territorio, lo que se adecúa a la referida función municipal sobre la materia”.
Y se argumenta que esta situación fue tomada por el municipio como una ratificación de que sí pueden decretar la medida. “Respecto a lo emitido por Contraloría, la municipalidad actuó conforme a lo dispuesto por el organismo fiscalizador”, precisaron.
“Esta gestión tiene como una prioridad el orden y la seguridad de la comuna. Sabemos que es una preocupación de los vecinos, y por lo mismo, estamos haciendo todo lo posible para recuperar el buen vivir en Ñuñoa”, añadieron.
Junto con esto, la Contraloría se pronunció sobre una denuncia contra Sichel por supuestamente estar utilizando sus redes sociales personales para realizar anuncios sobre su labor como alcalde.
El ente fiscalizador sostuvo que son las cuentas oficiales de la municipalidad las que deben realizar dichos anuncios y recalcaron que no está permitido que las autoridades difundan información en sus cuentas privadas sin que exista una autorización formal.
“La Municipalidad de Ñuñoa deberá arbitrar todas las medidas necesarias a objeto de evitar realizar publicaciones que infrinjan las ya citadas preceptivas jurisprudenciales, ya que es la entidad edilicia, como institución, quien presta los servicios que se anuncian en cumplimiento de sus funciones, y no las autoridades en forma independiente, como eventualmente pudiera entenderse de las referidas actuaciones denunciadas”, dictaminaron.
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