El organismo detalló que los soportes que nunca vieron la luz eran para la ley de matrimonio igualitario, la solicitud de copia de partidas de nacimiento por Internet y la implementación del nuevo motor de agendamiento en línea de trámites de renovación de documentos.
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Una fiscalización realizada por la Contraloría General de la República al Servicio de Registro Civil e Identificación detectó que el organismo pagó más de 7 mil millones de pesos ($ 7.597.887.848) entre 2020 y 2023 para la mantención y soporte evolutivo de software que finalmente no se convirtieron en productos funcionales para dicha repartición.
Se trata de proyectos como la ley de matrimonio igualitario; la solicitud de copia de partidas de nacimiento por Internet; y la implementación del nuevo motor de agendamiento en línea de trámites de renovación de documentos de identidad, matrimonio y acuerdos de unión civil.
Para la implementación de la ley de matrimonio igualitario, cuyo objetivo era reemplazar el sistema vigente de registro de matrimonios y acuerdos de unión civil, se detectó que el director nacional de la época no adoptó las medidas para la corrección de la iniciativa antes de autorizar pagos asociados, lo que condujo a que el nuevo sistema registrara fallas y se volviera a utilizar el antiguo.
Otro de los sistemas que no tuvo utilidad fue el de solicitud de copia de partidas de nacimiento por Internet. Este permitiría pedir partidas de nacimiento de manera online desde Chile o el extranjero.
En este caso, el sistema desarrollado a partir de 2021 debió ser dado de baja al no ajustarse a los requerimientos operativos del servicio, afectando con ello los tiempos involucrados en el trámite para quienes vivían en el extranjero.
Respecto de la puesta en marcha del nuevo motor de agendamiento en línea, de trámites de renovación de documentos de identidad, matrimonio y acuerdos de unión civil, la Contraloría advirtió que el sistema habría presentado complicaciones técnicas, que durante el tiempo que operó, significaron una disminución en los cupos disponibles en las oficinas del Registro Civil, así como un aumento en los plazos para agendar horas de atención.
En este caso, el servicio tampoco arbitró medidas para exigir a la empresa proveedora la corrección de estas falencias antes de autorizar su pago.
Debido a que las irregularidades detectadas podrían revestir el carácter del delito, la Contraloría remitió el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para la realización de las acciones que en derecho correspondan.
Otro de los hallazgos de la auditoría reveló que, en lo relativo al ámbito técnico del proyecto de modernización, no se logró diseñar un Core Registral (registro de información personal de los ciudadanos) y de interoperabilidad para reemplazar los registros existentes.
En este caso, el proyecto tampoco logró ser implementado y la plataforma tecnológica del servicio siguió operando con sus antiguos componentes, HP Non Stop e IBM Data Power.
También se corroboró que el servicio no acreditó la utilización de las licencias Intersystems Iris, para la construcción y habilitación de los servicios de interoperabilidad que permitiera implementar el intercambio de datos de manera segura y automática con otros servicios públicos y privados, que fueron adquiridas a los proveedores Soaint Gestion S.A., Pronova Technologies S.A. y Andes Servicios Tecnológicos SpA.
Al respecto, la Contraloría efectuará un reparo por $1.828.454.023, lo que corresponde, aproximadamente, al 64% de lo pagado en total por la compra.
En ese mismo contexto, se advirtió que no obstante haber contratado licencias para el servicio de interoperabilidad a la empresa Soaint Gestión S.A. -en que uno de sus componentes, correspondía a la base de datos Iris, que almacena y administra grandes volúmenes de información- la repartición no utilizó dicho componente y en cambio usó una base de datos externa, soportada en un gestor de base de datos de Oracle.
Esta situación, que se dio en el contexto de su interoperación con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, demuestra que el servicio no adoptó las medidas correspondientes para garantizar la eficiencia y administración de los recursos públicos, evitando su pérdida, deterioro o aprovechamiento.
Finalmente, sobre la contratación de los servicios de infraestructura cloud a Entel S.A., para provisionar recursos de cómputo y espacio de almacenamiento para desplegar la nueva plataforma tecnológica que reemplazaría el Core Registral y los servicios de interoperabilidad, se verificó que la repartición utilizó sólo una fracción de estos.
Por ello, se determinó como improcedente que se hubiese pagado $1.893.887.870, equivalente a un 15,61% del total de los pagos efectuados a la empresa.
PURANOTICIA
