Contraloría cuestionó la falta de verificación de vehículos, personal y domicilio.
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La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en contratos adjudicados tras el megaincendio de Valparaíso de 2024, revelando que la empresa San Nicolás SpA recibió $6.725.655.566 pese a no contar con respaldo operativo suficiente, lo que motivó la derivación de los antecedentes a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Según el informe, la Delegación Presidencial de Valparaíso adjudicó los trabajos sin verificar si la empresa era dueña de los vehículos, si tenía derecho a utilizarlos o si disponía del personal necesario, pese a que los contratos incluían arriendo de maquinaria pesada, conductores y suministro de combustible.
La firma estaba formalmente ligada a jóvenes de 18 y 22 años, ya que Tomás Avilés Tillería, de 18 años al momento de los incendios, figuraba como representante legal ante el Servicio de Impuestos Internos, mientras que Catalina Jara, entonces de 22 años, pasó a controlar el 50% de la sociedad, de acuerdo al Diario Oficial.
No obstante, investigaciones periodísticas apuntan a que Pedro Briones González, padre de Jara, sería quien realmente operaba la empresa y habría firmado los primeros contratos con la delegación encabezada en ese entonces por Sofía González, hoy bajo fuerte cuestionamiento político y administrativo.
El informe también reveló que San Nicolás SpA no registraba cotizaciones previsionales antes de mayo de 2024, no tenía camiones ni maquinaria a su nombre, carecía de patente comercial, y consignaba domicilios que no pudieron ser verificados en terreno, lo que refuerza la tesis de una empresa “fantasma” que recibió más de $8.250 millones en contratos públicos, en uno de los mayores escándalos administrativos derivados de la emergencia en Valparaíso.
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