El organismo cuestionó el rol que cumplía Jeanette Tapia en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo: a pesar de estar contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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La Contraloría General de la República instruyó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) cesar las funciones de Jeanette Tapia Fuentes y recuperar el bono de retiro voluntario que recibió en 2018, tras detectar una doble vinculación irregular con el Estado.
La medida se originó a partir de un reportaje publicado a principios de 2024 por radio Biobío, titulado “¿Quién paga? La ‘asesora’ de Carlos Montes que no está contratada por Vivienda”, que cuestionaba el rol de Tapia en el ministerio. Aunque estaba contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aparecía en documentos oficiales como asesora del ministro Carlos Montes (PS).
Además, la mujer había recibido un bono cercano a los $50 millones por retiro voluntario en 2018, beneficio que impide trabajar para el Estado durante cinco años, salvo que se devuelva el monto.
Tras la publicación, los diputados Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario) y Luis Sánchez (PR) solicitaron a la Contraloría un pronunciamiento. Este lunes, el órgano fiscalizador les dio la razón y ordenó al MINVU recuperar los fondos y suspender la actividad de Tapia.
“La señora Jeanette Tapia estuvo ejerciendo funciones, incluso viniendo aquí a la Cámara de Diputados y también al Senado, como asesora del Ministerio de Vivienda, pero resulta que esta señora estaba contratada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y, por lo tanto, ella tenía una restricción de 5 años (…) Los fondos que ella recibió por este retiro, ella debe entregarlos de vuelta al Ministerio de Vivienda”, acusó la diputada Naveillán en un video.
El dictamen emitido el 8 de septiembre confirmó que Tapia compareció ante la Comisión de Vivienda de la Cámara como asesora legislativa del MINVU en al menos tres ocasiones, mientras estaba contratada por el PNUD como especialista en normativa urbana desde 2022.
Según la Contraloría: “La representación de un ministerio u organismo público se enmarca en el ejercicio de una función pública, que no puede ser encomendada por medio de un convenio celebrado con una Agencia de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas”.
Por ello, el organismo concluyó que Tapia “no se encuentra jurídicamente habilitada para desarrollar dicha labor de representación” y ordenó al MINVU evitar nuevas irregularidades de este tipo.
La Contraloría también revisó el bono de retiro voluntario recibido por Tapia, señalando que su contratación a través del PNUD para labores en el MINVU contraviene los objetivos del beneficio.
“Corresponde que el MINVU adopte las medidas conducentes a obtener la restitución de las señaladas bonificaciones”, concluyó el dictamen.
Como parte de la investigación, el MINVU entregó una nómina de 59 personas que prestaron servicios en proyectos del PNUD entre 2016 y 2024. En ocho casos, se detectó que los periodos de trabajo coincidían con funciones desempeñadas como servidores públicos o a honorarios.
La Contraloría remitió estos antecedentes a los organismos respectivos para determinar si hubo superposición indebida entre sus funciones estatales y su vínculo con el PNUD.
PURANOTICIA
