La Contraloría revisó unos tuiteos de la alcaldesa en su cuenta personal de la red social, y así comprobó que al menos tres mensajes, compartidos entre el 1 y el 11 de julio, fueron emitidos en horario laboral.
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Tras las denuncias del diputado republicano, Johannes Kaiser, en contra de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, la Contraloría General de la República (CGR) declaró improcedente el actuar de la jefa comunal.
Dicho comportamiento se refiere a la manifestación pública de su postura por la opción del Apruebo en el plebiscito constitucional a realizarse el próximo 4 de septiembre.
La Contraloría revisó unos tuiteos de la alcaldesa en su cuenta personal de la red social, y así comprobó que al menos tres mensajes, compartidos entre el 1 y el 11 de julio, fueron emitidos en horario laboral.
Desde la CGR aseguraron que "si bien se advirtió que las publicaciones de la especie se efectuaron a través de la cuenta privada de la autoridad comunal y no en la cuenta del municipio, sin que consten elementos que permitan aseverar que en ese acto se utilizaran recursos municipales -equipos computacionales o conexión a internet-, la referida divulgación habría sido llevada a cabo durante la jornada laboral de la aludida alcaldesa".
Asimismo, el organismo fiscalizador se refirió a un evento de la comuna denominado como "La Pintana Aprueba", que según la militante de la DC, se trató de una instancia independiente al municipio.
El órgano contralor externó que la alcaldesa Pizarro "no se limita a manifestar su inclinación personal como ciudadana por una de las opciones plebiscitadas, sino que se pretende dar a entender que es la comuna de la cual ella es alcaldesa la que apoya tal opción".
"Lo que implica valerse -cuando menos, indirectamente- de su autoridad o cargo para favorecer una determinada postura, lo que resulta improcedente", agregaron. Eso sí, no se logró comprobar el uso de recursos y funcionarios municipales en el evento.
Así, Pizarro deberá tomar las medidas para que su actuar se ajuste a la normativa, para no usar tiempo laboral en fines ajenos a los institucionales, y "evitar valerse de su autoridad o cargo para favorecer o perjudicar alguna de las opciones plebiscitadas".
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