El acuerdo fue firmado en enero por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.
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La Contraloría General de la República declaró la legalidad del convenio suscrito entre Chile y Venezuela en enero de este año para enfrentar el crimen organizado.
“Esta Contraloría General concluye que el MISP se encontraba facultado para suscribir el convenio en análisis, toda vez que dicho acuerdo de voluntades incide en materias de su competencia, no comprende materias propias de ley, no se refiere a asuntos incompatibles con la política exterior del país -según lo informara el MINREL- y los derechos y obligaciones que de aquel se derivan son asumidos exclusivamente por la secretaría de Estado que lo suscribe y la PDI, conforme a las reglas generales”, dice el documento.
El ente contralor señala así también que "el pronunciamiento de la CGR manifiesta que, ajustándose al artículo 35 de la ley N° 21.080, y teniendo en cuenta el recrudecimiento de la delincuencia organizada transnacional, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (MISP) de Chile suscribió dicho acuerdo para promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la delincuencia. Y, en ese contexto, pacta con su contraparte, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, la mutua colaboración, para facilitar el intercambio de la información necesaria para la investigación de delitos que son expresión de la criminalidad organizada".
El acuerdo fue firmado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.
En ese entonces, el exdiputado explicó que se trata de “un acuerdo de colaboración para la lucha en contra del crimen organizado transnacional”, que implica “que nuestras policías van a tener mecanismos de colaboración para compartir información que nos va a permitir ser más eficaces en las investigaciones criminales”.
Los diputados Cristian Labbé y Cristhian Moreira pidieron al ente fiscalizador determinar la naturaleza del acuerdo entre ambos países. Es así como tras analizar los antecedentes, Contraloría determinó que el Ministerio del Interior si está facultado para suscribir dicho convenio.
Lo anterior, “toda vez que dicho acuerdo de voluntades incide en materias de su competencia, no comprende materias propias de ley, no se refiere a asuntos incompatibles con la política exterior del país -según lo informara el MINREL- y los derechos y obligaciones que de aquel se derivan son asumidos exclusivamente por la secretaría de Estado que lo suscribe y la PDI, conforme a las reglas generales”.
Además, se agrega que “no se está en presencia de un tratado internacional que deba ser suscrito por el Presidente de la República, sino que de un convenio interinstitucional, que fue celebrado conforme al procedimiento de la ley N° 21.080, el cual, al tenor del artículo 35 de dicha ley, solo genera obligaciones para la entidad pública concurrente, y no obligaciones derivadas del derecho internacional para la República de Chile”.
(Imagen: Gobierno Bolivariano de Venezuela)
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