Contraloría concluye que la exministra Steinert se excedió en sus atribuciones al solicitar información a la PDI

Contraloría concluyó que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se excedió en sus atribuciones al solicitar en un polémico oficio reservado, datos a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre detectives trasladados en una causa que llevó en Iquique en enero, cuando era fiscal regional de Tarapacá.

El pronunciamiento se originó tras requerimientos presentados por los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla, quienes cuestionaron la legalidad del oficio reservado enviado por la entonces autoridad al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, apenas dos días después de asumir el cargo.

El organismo fiscalizador señaló en el dictamen que “la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”.

La Contraloría habla de un precipitado oficio, y plantea que “no se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos en la especie, puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad”.

Según el ente liderado por Dorothy Pérez, Steinert solicitó un “informe detallado respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a la investigación penal de una causa determinada y que se encontraba en curso, a cargo de una Fiscalía Regional del Ministerio Público”.

En el mismo oficio, además, requirió que la PDI “informe pormenorizadamente los fundamentos institucionales y necesidades de servicio que sustentaron la reasignación de una dotación de funcionarios que se encontraban ejerciendo labores investigativas”.

La Contraloría señala que esta última solicitud, en principio, podría haberse ajustado al marco normativo. Sin embargo, advierte que el oficio “no sólo se pide informar en general sobre estas materias sino que, además, la exautoridad requiere que se adjunte la nómina detallada (nombre completo, cédula de identidad y grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa RUC específica que cita), así como la denominación y la materia a que dicha causa se refiere”.

Sobre este punto, la entidad sostiene que tal exigencia, “aunque se haya emitido en carácter reservado, se refirió a datos personales, antecedentes de desempeño, administrativos y eventualmente penales de funcionarios públicos específicos. Además, se señala que aquellos habrían intervenido en una investigación penal precisa —la que aún se encontraba en curso—, cuestión que permitiría su individualización y ubicación actual, entre otros elementos que, conforme a la ley, deben ser resguardados”.

“Ello excede la facultad general de requerir informes”, concluye el dictamen, añadiendo que no se advierte de qué manera esa información específica podía enmarcarse dentro de las funciones de planificación, diseño, monitoreo, coordinación o evaluación de políticas públicas que la ley asigna al Ministerio de Seguridad.

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