En el escrito, los consejeros fundamentan la acción acusando a la autoridad metropolitana de haber incurrido en “notable abandono de deberes” y en “faltas graves a la probidad administrativa”, invocando el artículo 23 sexies, letra c), de la Ley N° 19.175.
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En el marco de sus atribuciones fiscalizadoras y luego de reunir un cúmulo de “graves antecedentes”, 16 consejeros regionales (Cores) del Partido Republicano, UDI y de Renovación Nacional, ingresaron un requerimiento formal ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar la cesación en el cargo del Gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego.
En el escrito, los consejeros fundamentan la acción acusando a la autoridad metropolitana de haber incurrido en “notable abandono de deberes” y en “faltas graves a la probidad administrativa”, invocando el artículo 23 sexies, letra c), de la Ley N° 19.175.
Además, sostienen que las infracciones no corresponden a hechos aislados, sino que forman parte de un patrón persistente de posible utilización de recursos públicos, uso político de la institucionalidad y negligencia grave en el control administrativo del Gobierno Regional Metropolitano.
El requerimiento se basa en los Informes Finales N° 873-2024 y N° 265-2024 de la Contraloría General de la República, que “gozan de presunción de veracidad” y documentan “múltiples irregularidades que comprometen gravemente el cumplimiento de los deberes del cargo”.
Ignacio Dülger, jefe de la bancada del Partido Republicano, sostuvo que "este no es un simple caso de mala gestión o errores administrativos aislados: estamos frente a una serie de errores sistemáticos del aparato público para fines personales e incluso, electorales. La evidencia es clara y la gravedad es inaceptable. Los vecinos de las 52 comunas de la Región Metropolitana merecen saber la verdad".
Agregó que "el Gobernador Orrego y su equipo político usufructuaron del Gobierno Regional transformándolo en una plataforma de campaña personal, vulnerando principios básicos de la administración pública. Es nuestro deber como consejeros regionales republicanos fiscalizar el buen uso de recursos públicos y del Tricel restituir la legalidad institucional destituyéndolo del cargo, lo que debería ser una señal para todas las autoridades en Chile".
Asimismo, indicó que “los códigos que se han usado por 30 años en la política ya no corren más, las personas ya no permiten que se sigan realizando las malas prácticas de la vieja política y la exigencia del control de recursos públicos para que lleguen a las personas es absoluto de nuestra parte”.
En tanto, el consejero regional de la UDI, Álvaro Bellolio, enfatizó que “el documento que emplaza al gobernador está fundado en el abandono de deberes y faltas graves a la probidad. Los hechos están acreditados en informes de la Contraloría que documentan uso indebido de fondos públicos, coaching electoral y descontrol financiero por más de $6.700 millones”.
Bellolio indicó además que “el escrito ha sido preparado al más alto nivel jurídico, con fundamentos sólidos. Si el TRICEL es concordante con su propia jurisprudencia, vamos a obtener el resultado que se solicita en el escrito, y confiamos en que este requerimiento marcará un precedente importante en materia de responsabilidad y probidad, y esperamos contar con el respaldo transversal de los consejeros regionales”.
Con el requerimiento ya ingresado, el Tribunal Calificador de Elecciones deberá notificar a las partes y eventualmente abrir un proceso que podría culminar con la destitución del Gobernador Claudio Orrego, de acreditarse las causales imputadas.
Principales cargos imputados conforme a cada causal:
1. Faltas graves a la probidad administrativa
Gobernador en contenidos institucionales.
Uso del sitio web institucional para defensa política: publicación no autorizada para enfrentar críticas de Contraloría.
2. Irregularidades en la gestión financiera y contable
3. Notable abandono de deberes
PURANOTICIA
