El último registro conocido del imputado corresponde al sábado 12 de julio, cuando fue visto en el Terminal Rodoviario de Arica.
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El caso que involucra al sicario venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández sumó un nuevo capítulo, luego de que se confirmara su fuga del país a solo diez días de haber sido liberado. Fuentes ligadas a la investigación informaron a radio Cooperativa que el sujeto, sindicado como principal sospechoso del crimen de José Reyes Ossa, cruzó la frontera hacia Perú a través de un paso no habilitado.
El último registro conocido del imputado corresponde al sábado 12 de julio, cuando fue visto en el Terminal Rodoviario de Arica. Desde entonces, no se ha logrado su ubicación. La situación ha encendido las alarmas en el sistema judicial y de seguridad, desatando una ola de críticas por la cadena de errores que permitió su liberación y posterior escape.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó el caso durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN. Reconoció que lo ocurrido evidencia fallas serias en la coordinación institucional. “Lo que aquí ocurrió corresponde al menos a negligencia”, señaló. Añadió que es necesario “fortalecer los protocolos de comunicación entre el Ministerio Público, los tribunales de justicia y Gendarmería de Chile”.
Asimismo, explicó que desde el primer momento se activó la coordinación con el Ministerio de Seguridad para intentar recapturar al imputado. “Se redoblaron los esfuerzos para la recaptura de esta persona”, afirmó.
Respecto a los posibles escenarios detrás de lo sucedido, Gajardo no descartó ninguna línea investigativa. “En esto no hay que descartar ninguna hipótesis. Si es un error, una negligencia o hubo algún tipo de organización para la comisión de un delito, todas son muy malas posibilidades”, advirtió.
El secretario de Estado también cuestionó la manera en que se notificó la rectificación del nombre del imputado al interior del sistema judicial, ya que generó confusión que contribuyó a su liberación. Mientras tanto, las autoridades mantienen activo el rastreo, aunque la confirmación de la salida del país marca un duro revés para la seguridad nacional.
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