Según los antecedentes del caso, los delitos fueron cometidos el 21 de octubre de 2019 en una comisaría de la comuna de la región Metropolitana.
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La Corte de Apelaciones de San Miguel confirmó la sentencia condenatoria de tres funcionarios en retiro de Carabineros que fueron imputados por apremios ilegítimos y torturas en contra de un estudiante.
Según los antecedentes del caso, los delitos fueron cometidos el 21 de octubre de 2019 en una comisaría de la comuna Pedro Aguirre Cerda.
El afectado denunció que tras ser detenido durante las protestas en el marco del estallido social fue golpeado por los uniformados y acusó haber sido víctima de delitos sexuales en su contra, este último hecho no fue acreditado por el Ministerio Público.
El 24 de marzo, el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago condenó como autores de apremios ilegítimos a los exuniformados Luna Werchez Muñoz, Marcos Valenzuela Yévenes y Marco Vásquez Ayala.
De acuerdo a lo consignado por La Tercera, el abogado defensor, Sebastián Muñoz, solicitó la nulidad del proceso. Sin embargo, durante este martes, el tribunal de alzada confirmó el dictamen realizado por el TOP.
La Corte resolvió que "los sentenciadores adquirieron de manera unánime, más allá de toda duda razonable, convicción respecto a que efectivamente el 21 de octubre de 2019 en horas de la madrugada, encontrándose Josué Maureira Ramírez dentro de la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda en calidad de detenido, funcionarios de esa unidad lo golpearon al menos en una oportunidad con una patada en su cabeza mientras se encontraba en el suelo, en un lugar cercano a los baños y afuera de los calabozos, además de propinarle golpes de puño y pies en diferentes partes del cuerpo, resultando con diversas lesiones".
En tanto, la fiscal adjunta de la Fiscalía Metropolitana Sur, Paulina Díaz, sostuvo que "esta condena que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de San Miguel viene a reforzar el trabajo el trabajo del Ministerio Público, los querellantes, como el CDE, el INDH y la Universidad Católica. Además, viene a confirmar la postura que siempre tuvimos, en cuanto a la responsabilidad que le cabía a los funcionarios en los delitos imputados".
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