La acusación contra la ex Secretaria de Estado, que cuenta con un informe desfavorable, deberá ser votada ahora este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados.
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La comisión revisora rechazó la acusación constitucional (AC) contra la exministra de Defensa, Maya Fernández, tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
Por cuatro votos en contra y uno a favor, la instancia no respaldó el libelo presentado por parlamentarios de oposición. La acusación con un informe desfavorable deberá ser votada este miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados.
El presidente de la comisión, Jaime Naranjo, criticó la ausencia de los legisladores que promovieron la acusación constitucional contra la extitular de Defensa.
El diputado Leonardo Soto (PS) acusó que el libelo “está basado básicamente solo en recortes de prensa, en enlaces de plataformas online y fake news” y argumentó que “cuando uno analiza los antecedentes, no hay fundamentos de peso que permitan establecer que estamos en presencia realmente de una infracción constitucional que justificaría la aplicación de las prohibiciones que establece la Constitución”.
La diputada Emilia Scheneider (FA) afirmó que "hay otras instancias de la justicia y de esta misma Cámara de Diputados y Diputadas conociendo e investigando los hechos denunciados. No me parece adecuado establecer una sanción tan grave y tan dura cuando todavía no se cierran dichos procesos”.
En tanto, el diputado Alexis Sepúlveda (PR) señaló que "si bien el contrato no se perfeccionó, y en eso yo lo comparto", agregando que "aquí hay responsabilidades, el Gobierno las asumió, con la salida de la ministra de Bienes Sociales, y también con la salida de la ministra. Y creo que ahí, en quienes estamos en política, debería estar cerrado el circuito. Y además es un contrato que no se perfecciona. Por lo tanto, lo jurídico no sostiene y lo político está resuelto".
El diputado Jorge Durán (RN), quien fue el único voto a favor de la acusación, sostuvo que el “permitir que esta conducta quede sin sanción afecta el principio de igualdad ante la ley y podría interpretarse simplemente como un trato privilegiado hacia la ex ministra”, y añadió que "existen los fundamentos sólidos que justifican su avance, basados en la responsabilidad política que persiste más allá del cese del cargo, la infracción del artículo 37 bis de la Constitución y el conocimiento de la ex ministra debía tener sobre dicha prohibición”.
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