Comisión de Trabajo aprobó en general proyecto que aclara el alcance de principio de “confianza legítima”

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general, en forma unánime, un proyecto que aclara el alcance del principio de confianza legítima a los empleos a contrata en el sector público. De hecho, repone el criterio de dos años que la contralora Dorothy Pérez reemplazó por cinco y con requerimiento a tribunales.

La iniciativa se propone despejar esta controversia originada por un dictamen de la Contraloría que derivó a sede judicial la decisión de cuántas veces debe prorrogarse un contrato para entenderse la confianza legítima a favor de la o del funcionario, que serán mantenidos en sus respectivos cargos para un próximo año.

Según observan los mocionantes en el texto, la misma Contraloría presenta jurisprudencia en orden a reconocer la confianza legítima a partir de la segunda prórroga o renovación del contrato. En tal plano, no se entiende que, ahora, se desdiga dicha lógica y se derive a sede judicial la resolución de la periodicidad base para configurar el citado principio.

Tomando como base lo anterior, la propuesta avanza en una interpretación de la norma en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Específicamente, indica que “todos aquellos empleos a contrata que hayan sido prorrogados por segundo año consecutivo cuentan con la confianza legítima en el respectivo organismo de la administración del Estado o municipalidad en que cumplan sus funciones, según corresponda, para seguir desempeñando sus labores”.

Además, declara que, salvo que medie una razón plausible suficientemente acreditada mediante un acto administrativo, se entenderá que será posible la renovación de la contrata anual para la o el funcionario, con el mismo grado y estamento de asimilación. Igualmente, se presumirá legalmente en favor de éste que la cesación en el cargo sólo procederá en virtud de la sanción de destitución tramitada conforme a las normas disciplinarias correspondientes o por una calificación anual que así lo permita.

Con todo, la interpretación auténtica recién señalada, en ningún caso, tiene por objeto alterar la carrera funcionaria regulada en el título II de dicho cuerpo legal.

Para abordar esta propuesta legal, se contó con la participación del diputado Leonardo Soto (PS), en representación de los mocionantes. También expusieron David Acuña, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Helmuth Griott, vicepresidente de la ANEF; y Morelia Riobó, presidenta nacional de la Confederación de Funcionarios Municipales de Chile (Asemuch).

Leonardo Soto explicó que el proyecto se basa en un dictamen de la Contraloría, de 2018, criterio que fue refrendado en numerosos procesos judiciales. Acotó que tiene un símil con el sector privado, donde, tras dos renovaciones a contrato fijo, se pasa a un contrato indefinido.

Sostuvo que el cambio de criterio de la Contraloría no solo es inentendible, sino que es un retroceso para los funcionarios públicos. Asimismo, estimó que implicará una importante judicialización que irrogará gasto tanto para el Estado como para los trabajadores.

Los representantes gremiales avalaron dicha situación y expresaron su total apoyo a la propuesta. “Valoramos altamente que se esté discutiendo en la Comisión del Trabajo. Es muy necesario poder legislar y tener esta herramienta ante un despido injustificado”, mencionó Acuña.

“Como Anef apoyamos firmemente esta iniciativa parlamentaria”, señaló Griott, quien confirmó que el tema ya era foco de atención de los empleados fiscales. “Asemuch abraza esta moción; la agradecemos enormemente. Esperamos que avance rápidamente por beneficio de las funcionarias y funcionarios”, remarcó Riobó.

Adicionalmente, coincidieron en la urgencia de resolver esta situación prontamente, dado que ya se iniciaron despidos masivos. Estos funcionarios y funcionarias, desvinculados sin justificación, acotaron, salen sin indemnizaciones ni seguro de cesantía.

Entre el grupo parlamentario hubo un criterio unánime en pro de resolver el tema, reconociendo la necesidad de zanjarlo por la vía legal. Asimismo, hubo plena coincidencia en que se debe abordar con sentido de urgencia, en especial, considerando el recambio de alcaldes y gobernadores.

Pese a lo anterior, se presentaron algunos matices en torno a la forma de abordar la materia. Desde Renovación Nacional, Ximena Ossandón y Frank Sauerbaum plantearon que la iniciativa requiere de patrocinio del Ejecutivo. En tal plano, requirieron la presencia de los ministros involucrados, así como de la Dipres, para aclarar que no haya impacto fiscal.

Los PC Luis Alberto Cuello y Alejandra Placencia recordaron que la Sala ya determinó la admisibilidad del proyecto y negaron que exista impacto fiscal. Dicho punto lo replicaron también Diego Ibáñez (FA) y Andrés Giordano (IND). Luego, insistieron en la importancia de dar una señal política hacia la ciudadanía y hacia el propio Gobierno.

Por último, Henry Leal (UDI) planteó que, igualmente, se debe analizar la vía más rápida de abordar la modificación legal. Así, llamó al Ejecutivo a darle urgencia al trámite de este proyecto o, en su defecto, incluir la norma en la ley de reajuste.

La iniciativa se inició en una moción presentada por los diputados Luis Alberto Cuello (PC) y Leonardo Soto (PS). También la firman Boris Barrera (PC), Andrés Giordano (IND), Marta González (PS), Daniel Melo (PS), Emilia Nuyado (PS), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC).

PURANOTICIA