El subsecretario de Energía, Julio Maturana, cuestionó que la advertencia haya sido anunciada a la prensa y no se haya seguido el protocolo correspondiente, que era enviar un hecho esencial.
visitas
Este lunes, el Gobierno ordenó a Carabineros realizar el desalojo de los trabajadores subcontratados que mantuvieron bloqueado el acceso a la refinería de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en la comuna de Hualpén, región del Biobío.
A una semana desde que iniciase la paralización, un contingente policial llegó hasta la planta con una resolución de la Delegación Presidencial del Biobío donde se exigía el término de la movilización.
Los manifestantes exigen tener el mismo trato y beneficios que los empleados de planta. "Así nos paga el Gobierno muchachos", dijo Víctor Sepúlveda, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados (Fenatrasub), ante el actuar del Ejecutivo.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) repudiaron el desalojo. El secretario general de la organización, Eric Campos, dijo que “nada justifica el nivel de violencia de Carabineros”, emplazando a la ministra del Interior, Izkia Siches, a que “se haga cargo de cómo los y las carabineras presionan y reprimen a los trabajadores”.
La situación fue abordada por la Comisión de Minería y Energía del Senado. Ante los parlamentarios, el ministro de Energía, Claudio Huepe, lamentó que no haya prosperado el diálogo y afirmó que "por más que la causa sea correcta, poner en riesgo el abastecimiento de combustible no es algo que nosotros podamos aceptar, hay momentos en los cuales cuando ese riesgo ya llega a cierto punto, hay que cambiarlo".
Cabe señalar que producto de la paralización, ENAP informó que la refinería debió suspender su funcionamiento al 100%. Por ello, la estatal advirtió un posible desabastecimiento de combustible en el sur del país, lo que generó diversos atochamientos en las bencineras de la zona.
Al respecto, el subsecretario de Energía, Julio Maturana, cuestionó que la advertencia haya sido anunciada a la prensa y no se haya seguido el protocolo correspondiente, que era enviar un hecho esencial.
"Cuando llegan estos hechos esenciales, efectivamente activamos todo un protocolo que tiene que ver con (…) el tema del abastecimiento, se hacen los estudios, se ven las posibilidades, y se entabla esta relación de diálogo con los trabajadores para llegar a buen puerto, lamentablemente ahora no sucedió y tuvimos que terminar en esta lamentable situación", indicó.
"Quiero dejar bastante en claro que esto no es baladí, nunca creo que había sucedido en la historia que la empresa estatal hiciera un comunicado público respecto a la condición de un supuesto desabastecimiento", acusó.
Frete a ello, Mauricio Naveas, gerente corporativo de Supply Chain de ENAP, expuso ante los legisladores que "el día 2 de mayo a penas se vio tomada los ingresos a nuestra refinería e imposibilitado el ingreso, se levantó un potencial de un riesgo al suministro energético".
"Este potencial se mantuvo hasta el día 5 de mayo en la tarde, cuando las condiciones para operar dentro de nuestras instalaciones se hicieron inseguras. En ese momento se suspendió el suministro de combustible desde la refinería Biobío y hacia el oleoducto San Vicente, también las faenas del terminal marítimo se vieron suspendidas por el mismo motivo", agregó.
De esta manera, detalló que "sobre nuestros inventarios disponibles, el quiebre de inventarios en los lugares donde ENAP abastece se dejó de suministrar que fue el jueves en la noche para San Vicente, dos días después para el área de Chillán y el quiebre que se proyecta para el día de hoy, mañana a más tardar, en nuestra planta de Linares, específicamente para el producto diésel en Linares, y para todos los productos desde San Vicente y en Chillán".
"Desde el viernes en la noche el suministro en San Vicente quedó suspendido, así como también el bombeo por el oleoducto, que va desde Biobío hasta San Fernando, suspendido y sujeto solamente a los inventarios que existen en las plantas de almacenamiento dentro del país. Ese punto es crítico", complementó.
Pese a las explicaciones, la comisión informó que enviará un oficio a Contraloría para aclarar la razón por la cual ENAP emitió la alerta de manera pública.
La senadora Loreto Carvajal (PPD) aseguró que la mesa va "requerir el compromiso y que se persiga las responsabilidades por parte del directorio de ENAP que, hasta este minuto, no están ni muy cerca de ser claras”.
La parlamentaria explicó que acudirán ante el ente contralor para que “nos informe respecto al quehacer de ese comunicado. Sobre todo los fundamentos en los que versó este comunicado público. También al Ejecutivo respecto a la información que se tenía al momento de la emisión de este comunicado”.
PURANOTICIA
